Desde mi labor control político en el Concejo de Bogotá he tenido la oportunidad de alertar por la crisis en el sistema de control urbanístico en la ciudad. Esto lo he realizado a través de seis hallazgos, en los que evidencio las fallas en el proceso, lo que impide respuesta eficientes y oportunas frente a construcciones que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos.
En Bogotá, construir legalmente exige más de 120 requisitos, que se pueden demorar hasta 5 años, mientras que existen infracciones urbanísticas en algunos casos, de edificaciones de hasta cinco pisos sin licencia, sin supervisión y lo peor sin consecuencias.
El modelo actual favorece la informalidad, castiga al constructor legal y empuja a miles de familias a habitar viviendas que no les garantizan condiciones mínimas de seguridad física, al no cumplir requisitos técnicos. Además, estas familias están expuestas a una inseguridad en la tenencia, que les impide consolidar su patrimonio”.
Los seis hallazgos son los siguientes:
- Las alcaldías locales aplican un procedimiento derogado: El procedimiento interno se basa en la aplicación del Decreto 01 de 1984, que fue derogado por el CPACA.
- Un sistema colapsado: los procesos tardan en promedio 830 días en resolverse. Pero es aún más grave: en localidades como Barrios Unidos tiene en promedio 1109 días, Ciudad Bolívar asciende a 1.024 días, en Chapinero a 1.020 días, y en Usaquén a 935 días.
- Déficit de inspectores de policía y funcionarios: Solo hay 81 inspectores de Policía para más de 8 millones de habitantes, y un 20% de ellos trabaja desde casa, a pesar de tener funciones territoriales. Esto significa que tenemos un inspector por cada 98.766 ciudadanos.
- Descoordinación institucional: Las entidades usan plataformas diferentes y no integradas, lo que impide una gestión articulada de los casos de urbanismo ilegal.
- Muchos expedientes sin respuesta efectiva: En los últimos cinco años, la Secretaría de Gobierno ha recibido 55.417 querellas por infracciones urbanísticas. De estas, 39.164 siguen abiertas y solo 16.253 han sido cerradas.
El análisis de los casos cerrados revela una gestión ineficaz:
- En el 61% no se impuso ninguna medida.
- En el 37% no se tomó una decisión.
- En total, el 98% de los casos cerrados no resultaron en ninguna acción efectiva.
- Congestión en localidades vulnerables: En zonas como Ciudad Bolívar o Bosa hay miles de expedientes y muy pocos funcionarios asignados, con cargas de hasta 13.000 hogares por inspector.
El Top 6 de la Congestión en las Localidades:
● Ciudad Bolívar: Con 3 inspectores asignados y 6.125 expedientes abiertos. De estos 5.337 en reparto.
● Suba: Con 7 inspectores y 4.993 expedientes abiertos (De estos 3390 en reparto)
● Bosa: Con 4 Inspectores y 3.642 expedientes abiertos (1222 para reanudar audiencia y 947 en reparto)
● Usme: Con 4 inspectores y 3.269 expedientes abiertos (1997 en reparto)
● Kennedy: Con 7 inspectores y 2.546 expedientes abiertos (1308 en reparto)
● Usaquén: Con 5 inspectores y 2.414 expedientes abiertos (982 en reparto)
Hago un llamado al Distrito a tomar medidas urgentes para hacer un ajuste estructural a un problema estructural.
El control urbanístico está colapsado. Bogotá necesita procesos eficientes y eficaces, tiempos razonables y funcionarios capaces para dar oportuna respuesta a los bogotanos que acuden para la protección de sus derechos”.
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