En un predio propiedad de la Gobernación de Cundinamarca, bajo jurisdicción del Distrito Capital, se levanta por estos días una enorme estructura metálica prefabricada con capacidad para recibir hasta 40.000 personas (Wikipedia, 2025)(ViveClaro, 2025); el proyecto completo tiene una inversión de 22 millones de dólares (Pulzo, 2025). Se trata de un centro de eventos con unas estructuras clasificadas como “no convencionales, modulares, temporales e itinerantes”, una categoría que, según la interpretación normativa vigente de algunos, permite su instalación sin requerir licencia de construcción. A primera vista, el tema podría parecer un simple trámite administrativo, pero en el fondo encierra un conjunto de vacíos técnicos, jurídicos y éticos que merecen una revisión urgente por parte del Alcalde de Bogotá y su equipo.

La clasificación como “temporal” ha permitido omitir procedimientos que, en cualquier otra edificación con capacidad masiva, serían de obligatorio cumplimiento: revisión estructural, evaluación sísmica, análisis de cargas dinámicas, rutas de evacuación, medidas contra incendio, accesos controlados, protocolos de seguridad. La ausencia de verificación de estos requisitos no significa ausencia de riesgo; por el contrario, puede ser el inicio de una tragedia que nadie quiere enfrentar.

Lo preocupante no es solo la magnitud de la estructura ni el número potencial de asistentes, sino que la combinación de estos factores -estructura liviana, masividad, euforia colectiva- aumenta de forma exponencial el riesgo si se presenta una emergencia. ¿Qué pasaría si, en medio de un concierto con graderías repletas, ocurre un sismo o un ventarrón, leves pero suficientes para generar pánico? ¿O si se inicia un incendio sin que existan rutas verificadas de evacuación? ¿Qué harían las autoridades si se desata una estampida por fallas en la logística o en el sonido?

La norma colombiana de sismo-resistencia (NSR-10) no contempla estructuras temporales como esta, ni establece protocolos claros para su análisis bajo escenarios extremos. Tampoco existe un régimen robusto para evaluar estos proyectos en términos de seguridad humana. En este caso particular, se suma una aparente omisión en el frente ambiental, pues el terreno forma parte del sistema de humedales de la Sabana de Bogotá, sin que haya constancia pública de licencias o autorizaciones ambientales, sumado a los derechos de los vecinos por el impacto de ruido.

En una región donde ya hemos vivido tragedias evitables -desde los incendios en discotecas como la de Bogotá (RCNRadio, 2025)[1] o colapsos como la de Santo Domingo (Wikipedia, 2025)[2] en 2025 hasta los colapsos de graderías en ferias regionales como la del Espinal en 2022 (BBC, 2022)[3] o la de México[4] en 2025 (GrupoHoy, 2025)-, resulta inaceptable que una estructura diseñada para recibir decenas de miles de personas se instale sin que el Estado ejerza control efectivo. No basta con alegar que todo es legal si la legalidad no garantiza la seguridad.

El predio es público, pero la responsabilidad preventiva es del Distrito. Por eso, señor Alcalde, este artículo no busca señalar culpables ni oponerse al entretenimiento o al desarrollo económico. Todo lo contrario: es un llamado respetuoso, pero firme, a ejercer el principio de precaución. Usted tiene la autoridad —y la obligación moral— de verificar si se han tomado todas las medidas necesarias para evitar una tragedia.

La ciudad necesita saber si alguien idóneo ha revisado los cálculos estructurales, si existen planes de evacuación, si hay cobertura frente a incendios, si la estructura cumple con criterios básicos de ingeniería. ¿Quién respondería si ocurre una desgracia? ¿Dirán que “todo estaba en regla”, aunque nadie lo haya evaluado? ¿Dirán que fue una “fatalidad” cuando era evidente que la improvisación estaba al acecho?

La propuesta concreta es sencilla: que su despacho convoque, con carácter preventivo y técnico, un comité de revisión que analice la situación del centro de eventos en construcción. No para detenerlo, sino para garantizar que lo que hoy se llama “temporal” no se convierta en una tragedia permanente. Además, como dice el refrán popular: “no hay nada más permanente que algo temporal” (noapto, 2024); solo basta mirar la lista de eventos ya programados (ViveClaro, 2025).

Porque la vida de miles de personas no puede quedar a merced de un vacío normativo ni de una interpretación laxa de la ley. Gobernar también es prevenir. Y prevenir, en este caso, puede ser el mayor acto de responsabilidad de una administración que prometió cuidar a su gente.

[1] https://www.rcnradio.com/bogota/explosion-en-discoteca-del-sur-de-bogota-deja-seis-heridos-y-causa-panico

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_del_techo_de_la_discoteca_Jet_Set

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61940770

[4] https://grupohoymexico.com/2025/04/25/tragedia-en-concierto-de-quevedo-grada-colapsa-y-deja-3-lesionados-en-cdmx/

Rafael Fonseca