La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación por 15 años de Ayllen Cristhie Vásquez Cruz, quien fungía como representante legal de la empresa encargada de la interventoría del convenio cacaotero en el departamento del Guaviare. La sanción fue impuesta tras comprobarse serias irregularidades y omisiones en el ejercicio de sus funciones, que derivaron en un daño patrimonial al Estado.

Además de la destitución e inhabilidad, Vásquez Cruz deberá pagar una multa superior a los $1.280 millones, valor que corresponde al doble de lo recibido por el contrato de interventoría, como parte de las medidas impuestas por el Ministerio Público.

Según la investigación disciplinaria, la funcionaria no informó de manera oportuna y veraz a la entidad contratante sobre el verdadero estado de ejecución del convenio. También se le reprocha no haber exigido el cumplimiento del cronograma pactado, ni haberse pronunciado sobre la falta de adecuación y puesta en marcha de la planta de beneficio de cacao contemplada en el proyecto.

De igual forma, la interventora avaló reprogramaciones y modificaciones al convenio sin justificación técnica, validó avances sin soportes que demostraran la ejecución real de las actividades y autorizó desembolsos sin los controles requeridos.

La Procuraduría señaló que su actuar comprometió la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y afectó gravemente la eficacia en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías, los cuales estaban destinados a fortalecer la innovación y desarrollo de las famiempresas cacaoteras del Guaviare.

Este caso se suma a otros procesos de vigilancia y control que adelanta el organismo para salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos y sancionar a quienes, por acción u omisión, vulneran los principios de la función administrativa.