A un año de su implementación, el nuevo modelo de salud del magisterio —impulsado por el Gobierno Nacional como parte de su apuesta por una reforma estructural del sistema de salud— ha encendido las alarmas entre expertos, legisladores y usuarios. Según denuncia el concejal Juan Baena, líder de la bancada del Nuevo Liberalismo, el modelo no solo ha fracasado en mejorar la atención a los maestros, sino que ha puesto en peligro la sostenibilidad financiera del sistema y plantea serios riesgos si se replica a nivel nacional, como contempla el Ejecutivo.

“La promesa de un sistema más justo, sin intermediarios y con mayor control estatal quedó en el papel. Hoy enfrentamos un modelo fallido, en crisis, y con consecuencias que pueden extenderse a toda la población si no se actúa con responsabilidad”, afirmó Baena.

De promesa a crisis

La propuesta del Gobierno de eliminar la intermediación privada y fortalecer el control público en el modelo de salud del magisterio fue presentada como un avance hacia una atención más equitativa y eficiente. No obstante, la experiencia ha sido otra. Durante los primeros meses de 2025, se ha evidenciado un aumento alarmante en las quejas por demoras, desorganización en la prestación del servicio y múltiples barreras para acceder a los servicios básicos.

Los datos financieros revelan un panorama aún más preocupante. Entre enero y marzo de 2025, las cuentas por pagar del sistema superaron los 706 mil millones de pesos, lo que representa el 73 % de las obligaciones del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrado por la Fiduprevisora. A esto se suma un incremento en el déficit de 214 mil millones en solo tres meses, elevando el pasivo acumulado a más de un billón de pesos.

“Nos enfrentamos a un fondo que debe más de lo que tiene. Esto no es una alarma: es una emergencia”, enfatiza Baena, quien advierte que el modelo está en una situación crítica que podría agravarse si no se toman medidas inmediatas.

Ineficiencia sin intermediarios

Uno de los pilares del nuevo modelo fue eliminar la intermediación, con la intención de reducir costos y burocracia. Sin embargo, el resultado ha sido opuesto. Según Baena, las tarifas actuales son incluso más costosas que las del régimen general, mientras que la eficiencia en la atención ha disminuido notablemente.

“La eliminación de intermediarios no vino acompañada de una mejora en la gestión ni de una auditoría efectiva. El resultado es un sistema sin control y con serias deficiencias operativas”, señaló el concejal. La ausencia de mecanismos de fiscalización robustos ha abierto la puerta a una mayor vulnerabilidad frente a la corrupción y el uso inadecuado de los recursos públicos.

Además, las pérdidas acumuladas de años anteriores se han incrementado en 300 mil millones de pesos, mientras que los ingresos del sistema continúan disminuyendo. Solo en el primer trimestre del año, el déficit financiero creció en 556 mil millones de pesos, un aumento superior al 50 % respecto al cierre de 2024.

Un modelo no replicable

La preocupación de Baena no se limita al sector educativo. Para el concejal, los problemas del nuevo sistema del magisterio deben ser leídos como una advertencia nacional, especialmente frente al proyecto de reforma a la salud que promueve el presidente Gustavo Petro.

“¿Este es el modelo que se quiere aplicar a toda la población? Si ya está colapsando con los docentes, que son un grupo más acotado, ¿qué podría pasar si se extiende al resto del país?”, se pregunta Baena. A su juicio, se está improvisando con un tema tan sensible como la salud pública, lo que podría generar una crisis de mayor escala.

La situación se ha agravado aún más con el vencimiento de contratos de varios prestadores de salud, lo que ha derivado en reportes de maestros que afirman no estar siendo atendidos. Aunque el FOMAG ha señalado que la atención continuará “sin traumatismos”, la falta de claridad y garantías genera creciente incertidumbre entre los usuarios.

Llamado a la corrección inmediata

Frente a este panorama, Baena hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revise a fondo el modelo actual, corrija los errores estructurales de diseño y financiamiento, y garantice mecanismos de control eficientes. “Se necesita una transformación seria, técnicamente sustentada, financieramente viable y socialmente responsable. No podemos seguir improvisando mientras se vulnera el derecho fundamental a la salud”, concluyó.

El concejal insiste en que no se puede avanzar hacia una reforma a la salud replicando un esquema que ya ha demostrado profundas fallas. De no actuar con prontitud y responsabilidad, el país podría enfrentar una crisis sanitaria de gran magnitud, con consecuencias irreversibles para millones de colombianos.