El escenario jurídico-político colombiano atraviesa una crisis de profundas dimensiones, donde la instrumentalización del sistema judicial por sectores radicalizados de ambos extremos ideológicos está socavando los cimientos del Estado de Derecho. La reciente movilización convocada por el Centro Democrático, bajo el eufemismo de «marcha de la gallardía», la negación de la medida cautelar de la tutela para suspender la orden de captura del expresidente Uribe, y la contra-narrativa del gobierno Petro que  celebra  «Justicia para víctimas de  paramilitares», exponen una peligrosa convergencia: la judicialización de la política y la politización de la justicia como estrategias complementarias de poder nunca antes activadas a la vez en plena campaña nacional. Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, revela un patrón estructural que amenaza con deslegitimar irreversiblemente nuestras instituciones y que nos obligaría a pensar si los ciudadanos podemos confiar en la existencia de  un debido proceso justo o  si por el contrario es un asedio al Estado de Derecho.

Por el lado del uribismo tenemos un caso paradigmático, en la medida que Uribe renunció deliberadamente a su fuero ante la Corte Suprema para llegar a la justicia ordinaria –primero con la fiscalía de Barbosa, después con la de su enemigo político– que terminó enlodándolo completamente, y en tal sentido, resolvieron contraatacar con una estrategia peligrosa bajo la lógica de convertir cada fallo judicial adverso en una ofensa política colectiva.

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Es así como la denominada “marcha de la gallardía” convocada para el próximo 7 de agosto de 2025 no es un acto espontáneo de solidaridad, sino una operación calculada para trasladar el debate jurídico al terreno de la confrontación callejera. Al calificar la condena a Uribe Vélez como «persecución», se busca sustituir el imperio de la ley por la tiranía de la plaza pública; pero es la misma estrategia que usa el petrismo cuando no le gustan las decisiones adversas de las otras autoridades. Paralelamente, el actual gobierno  ha adoptado un discurso especular, denunciando selectivamente lo que llama «lawfare» o  también conocido como guerra jurídica al referirse al uso indebido del sistema legal para fines políticos mientras protege a sus aliados bajo el manto de la «persecución política», es decir, los extremos políticos son más de lo mismo, y esta doble moral institucionalizada crea un círculo vicioso donde cada bando (ultra derecha y ultra izquierda)  justifica su desacato al sistema judicial mientras exige sumisión del contrario.

Pese a lo anterior, el poder judicial no es víctima inocente en este drama, toda vez que la sentencia contra Uribe Vélez, con su carga de retórica política y ambigüedades procesales, entregó argumentos valiosos a quienes buscan deslegitimarla; pero señores jueces, recuerden que cuando la justicia abandona su rigor técnico para emitir mensajes políticos, se convierte en cómplice de su propia erosión.

Después de todo esto, lo verdaderamente alarmante para un Estado con una tradición democrática seria y consolidada, como el nuestro, es que estos caudillajes contemporáneos siempre intentan romper el equilibrio de contrapoderes, y bajo estos ataques la sociedad debe responder protegiendo la institucionalidad para terminar de una vez con este ciclo destructivo. Para lo cual se requiere adoptar medidas muy audaces como lograr un amplio acuerdo nacional por la independencia judicial, que blinde a los jueces de presiones políticas y mediáticas. Por otro lado se requiere una reforma procesal profunda desde el poder legislativo con el fin de eliminar ambigüedades y garantizar estándares probatorios claros, soportado en unos códigos de ética vinculantes para partidos y funcionarios con altos niveles de influencia y poder político, que contenga sanciones ejemplares cuando  desacrediten instituciones. Todo acompañado de una comisión de notables con participación internacional para evaluar casos emblemáticos.

Nuestra Reflexión final sería invitar a los líderes políticos a  ver más allá del 2026 para que no sometan a Colombia en otra encrucijada existencial. Las próximas elecciones no pueden reducirse a un plebiscito entre dos proyectos revanchistas. Necesitamos recuperar la política como espacio de deliberación y proposición creadora que resuelva las necesidades de los ciudadanos, no como campo de batalla judicial.

El verdadero acto de gallardía que el país requiere no es llenar plazas con marchas de izquierda o de derecha,  para defender a un condenado, para atacar a un gobierno, para desestabilizar los poderes públicos o para amordazar a la oposición,  sino que necesitamos construir colectivamente las bases de una democracia madura donde la justicia no sea instrumento de venganza ni la política teatro de operaciones judiciales.

El tiempo apremia. Cada día que perdemos en esta confrontación estéril nos acerca más al precipicio de la ingobernabilidad. La historia juzgará con severidad a quienes, por acción u omisión, permitieron que Colombia cruzara ese umbral.

Luis Fernando Ulloa