La diva Esperanza Gómez, antes reverenciada como ícono del entretenimiento para adultos y hoy convertida en protagonista involuntaria de un debate sobre libertad de expresión y democracia digital, quedó en el centro de la Sentencia T-256 de 2025 de la Corte Constitucional, que marca un antes y un después en la política digital colombiana. La tutela interpuesta por la reconocida actriz porno contra Meta -propietaria de Instagram y Facebook- se transformó en un fallo histórico que obliga a la mayor red social del planeta a responder en Colombia por sus actos.

La Corte fue enfática al señalar que la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso no pueden quedar sometidos a algoritmos opacos ni a reglas cambiantes, pues las redes sociales dejaron de ser simples escenarios de entretenimiento y se han consolidado como espacios donde circulan campañas, negocios y reputaciones. El trasfondo es inequívocamente político y advierte que Colombia no permitirá que plataformas globales definan, sin control ni transparencia, quién tiene derecho a hablar y quién debe ser silenciado en el espacio público digital en el que se decidirá buena parte del rumbo electoral de 2026.

Lo anterior trasladado al terreno electoral, significa que una decisión de Meta podría, sin control judicial, desbalancear la cancha democrática al eliminar páginas de un candidato incómodo, restringir cuentas de activistas o invisibilizar mensajes de oposición, y la sentencia advierte que, si estas prácticas no son transparentes, se configuran como censura privada y discriminación, de modo que el fallo obliga a que las políticas de moderación estén publicadas en español, sean accesibles y uniformes, y cuenten con canales efectivos de apelación, lo que asegura que los políticos no puedan ser vetados por algoritmos manipulados ni sancionados sin debido proceso digital, un debate que recuerda lo ocurrido en Estados Unidos durante las campañas recientes, donde decisiones de plataformas sobre desinformación, discursos extremos o cierre de cuentas presidenciales mostraron cómo la moderación digital puede alterar de manera directa la competencia política y la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Y aunque la trascendencia de este fallo tiene una doble dimensión, pues por un lado refuerza la garantía democrática al permitir que los colombianos debatan y opinen en redes sin temor a clausuras arbitrarias y por otro evidencia los riesgos de una campaña electoral en la que las plataformas actúan como jueces invisibles del discurso público, cobra especial relevancia en un país con más de 35 millones de usuarios activos en redes sociales y miles de creadores de contenido donde la política se juega también en la economía digital, y en Bogotá, que se ha consolidado como epicentro de influencers y campañas segmentadas, este precedente obliga a repensar las estrategias ya que el voto digital depende de reglas claras y de la defensa activa de la libertad de expresión.

Sin embargo, el riesgo permanece porque la línea entre moderación legítima y censura política es tenue y asuntos como sexo, violencia, groserías o discursos radicales pueden convertirse en pretexto para bloquear contenido político, de modo que si no se vigila con firmeza el año 2026 podría convertirse en el primer proceso electoral colombiano en el que los algoritmos terminen pesando más que los discursos.

En síntesis, el fallo T-256 de 2025 es de avanzada y propio del siglo XXI porque se inscribe en el debate global sobre el poder de las Big Tech, esas corporaciones gringas como Meta, Google, Apple, Amazon o Microsoft que concentran riqueza y una enorme capacidad de influir en la opinión pública mediante algoritmos y reglas de moderación. Al ordenar que Meta respete estándares constitucionales en Colombia, la Corte advirtió que la democracia no puede quedar sometida a decisiones privadas tomadas fuera del país y nos recuerda que, frente a las elecciones de 2026, en un escenario donde más de 35 millones de colombianos dependen de estas plataformas para informarse y debatir, lo que está en juego es si la cancha digital se inclina hacia los intereses de las corporaciones extranjeras o si se garantiza un mínimo de soberanía democrática.

La última pregunta es inevitable: ¿quién se mostrará más amigo de los gringos para capitalizar este terreno, Petro o Uribe? La Corte ya zanjó su parte y dijo que el rumbo del país deben decidirlo los ciudadanos, no los clics… aunque nunca faltará quien crea que los votos se cuentan como likes o corazones virtuales.

Luis Fernando Ulloa