«La plata ya no alcanza como antes» es una frase frecuente que se escucha entre los colombianos, sin importar su estrato socioeconómico. Es una queja permanente. La percepción de las personas, que sale registrada en los estudios que se hacen al respecto (Raddar citado en Portafolio, 2025), revelan que la capacidad de compra de los hogares ha disminuido sistemáticamente, incluso en años en los que el salario mínimo ha subido por encima de la inflación. Algo no cuadra; las cifras oficiales del Índice de Precios al Consumidor -IPC- informa una inflación menor a la que se “siente” en los bolsillos de la gente.

Los precios suben por muchas razones. Algunas corresponden a los aumentos en costos como las alzas en la gasolina, los alimentos y el transporte, por ejemplo. Otras provienen de decisiones macroeconómicas, como la emisión monetaria, alza de tasas de interés, tipo de cambio o presiones externas como guerras o pandemias, e incluso de mayores impuestos. Al final el resultado es el mismo: todo sube, y rara vez baja. Esa es la inflación de precios. Y aunque se la intente compensar con políticas salariales, hay un desfase no suficientemente explicado entre lo que sube el costo de vida y lo que sube el ingreso.

En nuestro país cada año se reúne una mesa compuesta por empresarios (representados por gremios, algunos de grandes empresas), sindicatos y el Gobierno nacional para definir el aumento del salario mínimo. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo toma la decisión por decreto. Teóricamente, el aumento debe reflejar la inflación del año anterior más un porcentaje de aumento de la productividad lograda, revisando lo que se espera de inflación en el siguiente año. En los últimos años, con alta inflación, el aumento ha sido mayor. Pero esto no ha garantizado que los trabajadores estén recuperando su poder adquisitivo como sí lo aclara la Corte Constitucional en la sentencia C-408-21.

Y no todos los trabajadores se ven beneficiados. Colombia tiene una tasa de informalidad laboral de cerca del 55.2%, según el DANE (2025), lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no necesariamente están cubiertos por el aumento del salario mínimo. Además, muchos trabajadores formales ganan más que el mínimo, pero sus incrementos no siempre siguen la misma lógica de ajuste.

Si el salario mínimo sube para compensar la inflación, ¿por qué la gente siente que no se actualiza su poder adquisitivo? Normalmente se esgrimen posibles razones, como que el IPC mide una canasta promedio, que no necesariamente refleja la realidad de todas las familias. Por ejemplo, los hogares más pobres destinan más a alimentos, transporte y arriendo, sectores donde los precios han subido por encima del promedio. Esto indica que hay que estudiar con mayor profundidad la problemática para buscar soluciones rápido, porque pasan los años y vuelve la misma conclusión recurrente sin correcciones, la gente sigue empobreciéndose y fuera de todo, es una obligación para el Gobierno (tal cual lo aclara con toda claridad la sentencia de la Corte Constitucional). También hay quienes sugieren que debe ser que los resultados del IPC se alteran dado que es un indicativo fuerte de la política en curso; una conjetura de la calle a partir de la falta de explicación convincente. Lo cierto es que no hay nada completamente cierto y claro para explicar esta “sensación”.

Desde 2021 le sigo la pista a esta incógnita, puesto que no hay respuestas contundentes. En ese momento escribí el artículo “Regalo fugaz: salario mínimo” (Fonseca, 2021) en donde, aguando la fiesta del 10% anunciado por el presidente Duque con bombos y platillos (con una inflación registrada del 5% y contando con la sensibilidad generalizada del momento postpandemia), advertí que no alcanzaría a disfrutarse ni un mes ya que se vendrían unas alzas generalizadas muy fuertes, tal cual como pasó. Ese año, 2022, la inflación terminó en 13.12%. Me quedó la conclusión desde entonces que la actualización del poder adquisitivo en enero de cada año no era suficiente para compensar los aumentos de precios que se dan durante el año. Esta vez me propuse hacer los análisis encontrando un error aritmético, del cual no encuentro una discusión seria, y que simplemente parece aceptarse por todo el mundo, y la gran mayoría sin entender nada. Sus consecuencias son brutales para la gente y que explica en parte, esto sí, por qué la gente siente que el sueldo no alcanza, o alcanza cada vez menos. Pero además, no se ajusta a la ley (ver la sentencia C-408-21).

La situación es la siguiente: el salario se ajusta en enero con base en la inflación del año anterior (como mínimo, dice la norma), para que le sirva de ingreso renovado para el siguiente año, pero durante ese año el trabajador va a perder capacidad de compra mes a mes por la inflación mensual intra-anual. No se trata solo de que la plata ya no alcance en diciembre: no alcanzaba desde marzo, desde julio, desde septiembre. Esa pérdida nunca se recupera. Hace parte del empobrecimiento gradual de la gente.

Este error de cálculo genera una erosión silenciosa. Por ejemplo, en 2007, el valor real del salario mínimo ajustado por inflación se erosionó en un 61% durante el año, lo que significa que solo el 39% del aumento fue efectivamente útil para compensar la pérdida de poder adquisitivo. El salario mínimo de ese año fue 433,700 $/mes, por lo que el trabajador perdió durante el año $201,437 (algo cercano a medio salario mensual), o lo que es igual a que el aumento real del salario mínimo hubiera sido solo del 3.9% y no del 6.3% (lo decretado).

Este error en el cálculo produjo una pérdida acumulada de 2000 a 2024 de $11’350,000 (a pesos de 2024) en los ingresos de un trabajador con salario mínimo. Un empobrecimiento invisible.

En la tabla 1 se muestra el calculo del error en cada año, y lo que ha debido ser el aumento del salario mínimo en su momento para que los trabajadores no perdieran su ingreso por la inflación mensual intra-anual. Para 2025 se supone una inflación de fin de año de 4.81% (BanRepública, 2025) y un escenario alto para 2026 con un comportamiento similar a 2025. Esto arroja, que si se está pensando en un 7% el aumento del salario mínimo debería ser de 11% para evitar que el ingreso de los trabajadores se erode durante 2026 por efectos del error de cálculo, y cumplir con la ley: “… derecho constitucional en cabeza de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario” (sentencia C-408-21).

Corregir esto es sencillo desde el punto de vista técnico: la fórmula para iniciar la discusión del aumento del salario mínimo no debería partir de la inflación del año anterior sino de esa inflación dividida por uno menos el porcentaje de pérdida de ingreso causada por la inflación intra-anual (el 66% del ejemplo de 2007). Ese debería ser el nuevo punto de partida, antes de considerar la productividad y la negociación política. De esa forma, se evitaría que el trabajador arranque cada año perdiendo la inflación intra-anual. Es una corrección de un error, no una concesión.

Como algunos argumentan que aumentar más el salario mínimo puede disparar la inflación, hay que recordar que la evidencia empírica, incluida la del Banco de la República citada por Portafolio (2025), señala que el impacto es acotado: un aumento del 1% en el salario mínimo genera solo entre 0,10% y 0,16% de incremento en la inflación total. Y ese efecto se concentra principalmente en servicios intensivos en mano de obra, como restaurantes o peluquerías, donde el componente salarial es más alto. En la mayoría de los sectores empresariales, los salarios representan entre el 5% y el 15% de los costos totales, por lo que el impacto directo sobre los precios es marginal. Parece que no hay justificación técnica para negarle a los trabajadores una compensación justa alegando efectos inflacionarios generalizados, aunque se sabe que hay un bucle de retroalimentación entre ambas variables. También se advierte que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación destruyen empleo; sin embargo, según BanRepública (2020) “un aumento del SM real de 1% produce una pérdida de puestos de trabajo de 0,7% en un horizonte de uno a dos años”, es decir, también efectos acotados.

Y una reflexión adicional.

Lo que sí es sistemático es que las grandes empresas reportan utilidades crecientes y enormes en muchos casos, como Davivienda que reporta 66% en el segundo trimestre o Argos con 161% en el primer semestre de este año, pero que hacen parte de las voces que normalmente insisten (a través de sus gremios) en que no hay margen para subir el salario mínimo más allá de la inflación. Esto, en una economía en la que más de la mitad de los trabajadores está en la informalidad y la otra mitad ve su salario erosionarse cada mes, es una posición muy difícil de defender, por decir lo menos.

Es necesario repensar estos mecanismos estructurales de desigualdad. Con prioridad, hay que arreglar el error aritmético que señalo, pero se debe ir más allá, y generar otras formas de ayudar a la población para mejorar sus condiciones, cuando las utilidades de las empresas tienen el margen para hacerlo. En Ecuador, por ejemplo, se exige por ley que las empresas distribuyan el 15% de sus utilidades con los trabajadores (MinTrabajo, Ecuador).

La negociación del salario mínimo este año debería ser diferente. Gobierno, empresarios y sindicatos: como primera medida, hay que corregir el error que ha empobrecido, en silencio, a millones de colombianos por décadas. El salario mínimo debe compensar la pérdida del ingreso mínimo erodado mes a mes por la inflación inter-anual.

Pero las discusiones deberían estar basadas en todos los estudios disponibles en forma objetiva y sin sesgos, y francamente no adoptar expresiones clichés para hacer advertencias de debacles si se sube el salario mínimo en pequeños porcentajes mientras que las utilidades de los empresarios que discuten el salario mínimo se leen en porcentajes de varias decenas.

Rafael Fonseca Zarate