El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la asignación de subsidios y reducir la presión fiscal que estos han generado sobre las finanzas públicas.

Según el diagnóstico oficial, durante años el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) asumió el costo del consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial. Esta situación derivó en un elevado gasto para el Estado, al extender subsidios a sectores que no forman parte del transporte público de carga ni de pasajeros.

Con el nuevo decreto, el precio del diésel para estos vehículos se aproxima a su valor real de mercado, mientras que el transporte público queda expresamente excluido de la medida. De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el objetivo es avanzar hacia un uso más equitativo y eficiente de los recursos públicos, sin afectar el costo de los alimentos, el transporte ni el presupuesto de los hogares colombianos.

“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.

La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.

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Finalmente, el ministro Palma reiteró que esta decisión no es un aumento generalizado del combustible. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”.