Esta semana se han dedicado todos los medios de comunicación a replicar el video del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí en el que de manera desconsolada afirma que no tiene dinero con qué pagarle a su personal, acompañado de la Secretaría de Salud de Antioquia que, como ya es costumbre con cualquier funcionario de la Gobernación de Antioquia, salió a culpar al Gobierno Nacional.
Lo que no mencionó ningún medio, aun cuando el ministro de Salud lo dijo de forma clara, es que el gerente llegó a su cargo por el honorable mérito de ser hermano de Jorge Honorio Arroyave, político uribista que estuvo en la Cámara de Representantes y en la Asamblea Departamental. Porque, lo que de verdad quedó revelado con el show que montó la Gobernación, es que los siete hospitales que son responsabilidad del departamento han sido convertidos por gobernaciones pasadas, y especialmente por la actual, en botines políticos para repartir a los partidos que respaldan al gobernador de turno.
Por ejemplo, el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello se lo regalaron a un exalcalde uribista condenado y preso por corrupción. El actual gerente, Julián Felipe Pineda Vásquez, fue Secretario de Salud en la alcaldía de Óscar Andrés Pérez y continúo en su cargo bajo la actual administración de Lorena González, sucesora de Pérez. El mismo gerente ha reconocido que Óscar Pérez es su amigo y mentor. Ahí va un hospital departamental regalado a un preso.
El Hospital Carisma de Medellín quedó en manos de una ficha de otro alcalde condenado por corrupción. La gerente, Dora Raquel Arcia, fue directora local de Salud y administradora del Hospital de Nechí durante la alcaldía de Miguel Ángel Franco, hoy condenado y capturado por hechos de corrupción. La gerente Arcia se lanzó por Creemos para la Asamblea pero se quemó quedando en el puesto dieciséis. No obstante, el Gobernador haciendo gala de su generosidad la nombró primero subsecretaria de Salud Pública para luego darle el hospital. Ahí va otro hospital departamental regalado a Fico.
Es tan amplío el Gobernador que hasta le regala hospitales a quienes fueron sus contrincantes políticos. El Hospital La María está siendo dirigido por Carlos Mauricio Martínez, quien fuera concejal de Rionegro entre 2008 y 2015, lanzándose a la alcaldía de este municipio para perder contra Andrés Julián Rendón, su actual jefe. En 2023 le hizo campaña a Jorge Rivas, de la misma línea de Andrés Julián. Como al Gobernador le gusta mantener las cosas entre rionegrenses, ha sido capaz de superar la rivalidad que en algún momento pudo tener con el gerente Martínez y luego de tenerlo como subsecretario de prestación y desarrollo de servicios de salud le regaló La María.
Hablando de La María, no se puede olvidar que en 2017 el entonces Contralor Departamental, Sergio Zuluaga, fue capturado junto con el entonces gerente William Marulanda, puesto por Aníbal Gaviria, por usar el hospital para hacerse una cirugía plástica sin pagar por el quirófano ni los medicamentos. A raíz de este hecho la SuperSalud encontró 35 hechos de corrupción, con otros 102 casos donde familiares de directivos del hospital se hicieron procedimientos estéticos que no fueron capturados. Culpa de Petro, sin duda alguna.
Pero, quiénes más se han gozado el botín de los hospitales departamentales han sido los políticos de la U. El Hospital Mental de Bello está hoy en manos de Ramón Emilio Acevedo, quién fuera concejal de Medellín por la U entre el 2006 y el 2019, siendo parte del equipo político de Germán Hoyos, hoy candidato por Creemos, y del Senador Juan Felipe Lemos.
Hablemos ahora del Hospital Cesar Piedrahíta Uribe de Caucasia, que está desde el 2012 en manos de la U, y que quizás se gane el triste premio al hospital más corrupto de todo el departamento. Actualmente está liderado por Margarita Moncada, alcaldesa de Támesis entre 2008 y 2011 y secretaría de salud de Caldas durante la alcaldía de Mónica Raigoza, de la U; además, es cercana al Senador Lemos y a Germán Hoyos.
En el 2012 fue nombrado como gerente Orlando José Rodríguez, uno de los tres hermanos del Clan Rodríguez que es el que se ha encargado de manejar la fuerza política de Germán Hoyos en el Bajo Cauca. Rodríguez es artífice de una modalidad de contratación presuntamente corrupta utilizando la figura de los contratos sindicales, a través de la cual direccionó 768 contratos por un valor de 138 mil millones de pesos. El principal sindicato al que se direccionó la contratación del Uribe Piedrahíta fue el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia (Sintrasant), fundado en Sincelejo en octubre de 2012, a los meses de que Orlando Rodríguez asumiera como gerente.
El primer contrato con este sindicato fue en 2013 para asistencia en la alimentación de niños. Para el 2018 siete de cada diez contratos que tenía el Hospital era con Sintrasant, abarcando áreas como anestesiología, alimentación en urgencias, ginecología, hasta asesorías jurídicas e incluso servicios de lavandería. Un sindicato con unos médicos tan espectaculares que hasta servían para redactar contratos y lavar sábanas.
Este modelo de contratación fue extendido al resto del Bajo Cauca; para el 2021 más de 321 mil millones de pesos del presupuesto de los hospitales de la región estaban amarrados a supuestos sindicatos. Cualquier profesional de la salud que quisiese trabajar en el Bajo Cauca debía aceptar que lo iba a hacer a través de algún sindicato y no bajo contratación directa como impone la ley, aún si esto implicase demoras en los pagos, medicamentos de baja calidad, entre otros problemas
Denunciar el saqueo que hizo la U al Hospital Cesar Uribe Piedrahíta aparentemente le costó la vida a dos personas. El 12 de diciembre de 2020 fue encontrado muerto en un baño de la Clínica Los Nogales de Bogotá el anestesiólogo Óscar Pastrana, quien trabajó por un mes en 2017 en el Cesar Uribe Piedrahíta y denunció a través de sus redes sociales las condiciones insalubres con la que se prestaban los servicios de salud, que le estaban costando la vida a la gente, además de cómo la contratación estaba siendo dirigida hacia Sintrasant.
El 13 de abril de 2021 fue asesinado en Caucasia el odontólogo Luis Octavio Gutiérrez, sucesor de Orlando Rodríguez en la gerencia del Hospital Cesar Uribe Piedrahíta. Cuando lo posesionaron, en diciembre de 2020, ordenó hacer una auditoría interna para evaluar la contratación hecha en ese año por Orlando Rodríguez, en la que encontró que el hospital no hacía pública su contratación como está obligado por ley, las interventorías no verificaban la ejecución real de los sindicatos e incluso había casos donde no se reportaban actividades. Una de las acciones que logró hacer Luis Octavio Gutiérrez antes de ser asesinado fue parar la contratación con Sintrasant.
Los políticos se acostumbraron a ver a los hospitales como un premio político, como un botín al cual ir saqueando de poco a poco, innovando con las modalidades de corrupción tal como se ha hecho en el Cesar Uribe Piedrahíta con los contratos sindicales. Pero, ante un Gobierno que no es complaciente, que exige una administración seria de los recursos, salen a hacerse las pobres víctimas cuando históricamente han sido los verdugos de la salud de Antioquia.
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