Hace exactamente un año publiqué mi columna Air e, la punta del iceberg, título este con el que quise significar que la crisis financiera que había llevado a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios el 12 de septiembre de 2024 no era un hecho aislado, que las restantes empresas comercializadoras de energía que le prestan el servicio a sus usuarios estaban afectadas por las mismas falencias.

La enormidad de la deuda del gobierno nacional por concepto del subsidio al consumo de energía a los estratos 1, 2 y 3, la de las entidades oficiales por su mora en el pago de sus facturas, la deuda acumulada por concepto de la Opción tarifaria, las agobiaba a todas y las tenía al borde de un apagón financiero. Así lo pudieron establecer y advertir los organismos de control (CGR y PGN) en reiterados pronunciamientos.

Desde luego, el caso más patético era y sigue siendo el de Air e. Lo que llevó a su intervención fue su insolvencia, iliquidez y falta de caja, situación ésta que lejos de resolverse se ha agravado: la sola deuda con las empresas generadoras de energía pasó de $500 mil millones antes de la intervención (la cual quedó en suspenso), a $1.7 billones después de intervenida! Esta es una muestra palmaria de la incuria, la negligencia, la desidia y la incompetencia de la Superintendencia, la que en lugar de solucionar la crisis de Air e se convirtió en parte del problema. La intervención por parte de la Superintendencia a Air e ha sido un rotundo fracaso!

Ha sido el propio Ministro de Minas y Energía quien ha manifestado que “sin el respaldo de la Superintendencia a través del fondo empresarial la prestación del servicio de la empresa intervenida se vuelve inviable, la medida regulatoria y administrativas no son suficientes, se requiere apoyo y gestiones concretas que permitan a la empresa a salir adelante de lo contrario, se tendría que considerar una liquidación, en cualquier escenario debe primar la obligación del Estado de garantizar el servicio público a su cargo”.

En efecto, la Superintendencia de servicios públicos dispone del Fondo empresarial para solventar y darle liquidez a las empresas intervenidas y lo que ha aducido para no hacerlo en el caso de Air e es que no cuenta con los recursos para ello, pero ninguno de los tres superintendentes que han desfilado por la Superintendencia se han mosqueado siquiera para proporcionárselos. La dilación y la inacción por parte de la Superintendencia llevó a decir al Contralor General que pese a las advertencias hechas desde 2024, “no se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos” y no superados hasta la fecha.

Ahora, tardíamente, se pretende que sean los usuarios quienes financien el Fondo empresarial pagando un recargo, en el componente de restricciones, de $8 por KWH consumido en sus facturas, equivalente a un incremento de 1% en la factura, trasladándole al usuario el incumplimiento del Estado y como si lo anterior fuera poco, ahora, amparados en la Emergencia económica se ordenó, mediante el Decreto 044 de enero del 2026,  que sean las propias empresas generadoras a las que le debe Air e la energía despachada las que financien dicho fondo para que este a su vez le gire a Air e para que esta les pague lo que les debe.

Esta es la vuelta del bobo. Es preferible que Air e les diga francamente a los generadores a los que le debe que no les va a pagar para que ellos provisionen esa deuda y la castiguen en sus libros. Por fortuna, enhorabuena la Corte Constitucional al suspender la vigencia del Decreto 1390 de 2025 mediante el cual se declaró la Emergencia dejó sin efecto semejante desaguisado. Por lo demás, la crisis financiera de Air e no es ningún hecho sobreviniente para justificarla. A la Corte le asiste la razón!

Con un agravante para las empresas generadoras, como fue la emisión por parte de la Superintendencia de servicios públicos de la Circular externa 20241000001314 calendada el 13 de diciembre de 2024, a través de la cual “exhorta a todos los agentes del mercado de energía…a abstenerse de iniciar o continuar procesos” de limitación de suministro a las empresas “que hayan sido objeto  de la medida de toma de posesión” por parte de ella. El mensaje hacia las empresas generadoras  del cual es portador esta Circular es que así Air e no le pague la energía que le vendan ellas están obligadas a seguir despachándosela, no pueden abstenerse de hacerlo, aún si incumple obligaciones contraídas con posterioridad a la toma de posesión.

Como lo plantea Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, gremio de empresas generadoras, “la llamada limitación de suministro no es otra cosa que decirle a cualquier empresa que compra energía y que si no paga va a entrar en esa limitación”. Ello atenta contra el principio de la suficiencia financiera previsto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos.

Pero lo más irónico es que mientras se pretende obligar a los usuarios y a las empresas generadoras de energía para que paguen los platos rotos por tanta incuria, negligencia e incompetencia de la Superintendencia para evitar el colapso de Air e y su efecto dominó, que puede provocar una falla sistémica, tal y como lo han advertido los organismos de control (CGR y PGN), el Ministerio de Hacienda no se digna girarle los $300 mil millones que le adeuda a Air e por concepto de subsidio al consumo de energía de los estratos 1,2 y 3, que la empresa ya les descontó en sus facturas y lo asumió a la espera de que el MHCP le gire. Así las cosas, al paso que vamos y dentro de esta lógica del absurdo, cabe preguntarse a quién carajos le endosarán su deuda con Air e? Este ya es el colmo del descaro!

Por este camino se puede materializar el tan temido apagón financiero de las empresas y el efecto dominó que han advertido reiteradamente los organismos de control (CGR y PGN), que puede conducir a una falla sistémica que comprometa la prestación del servicio, que es el peor escenario. 

Amylkar Acosta