A 47 días de la aprobación del Presupuesto Distrital y con la frialdad que permite el análisis de los decretos de liquidación, la realidad confirma las razones técnicas de la Ponencia Negativa que presentamos frete a esta distribución que Galán le dio al presupuesto de la ciudad. Lejos de ser un acto de oposición ciega, mi decisión fue una alerta temprana sobre este modelo que ha decidido institucionalizar una asimetría inaceptable en la educación de Bogotá.

Hoy, con los documentos oficiales en la mano —el POAI 2025 (Decreto 470) y el POAI 2026 (Decreto 675)—, podemos hacer el comparativo real que la administración intentó maquillar en los titulares de prensa.

Es cierto, y hay que decirlo con rigor técnico: la Universidad Distrital tuvo un aumento nominal en su inversión, pasando de $37.757 millones en 2025 a $43.316 millones para 2026. Pero celebrar este ajuste resulta ingenuo, e incluso cínico, cuando se contrasta con la verdadera apuesta de la administración Galán. El mismo decreto de liquidación le asigna a la Agencia ATENEA un presupuesto de inversión que escala de $707.905 millones a $756.437 millones.

La cifra es escandalosa: la desproporción real es de 17,5 a 1.

Por cada peso que la ciudad invierte en los laboratorios, sedes y capacidad instalada de su universidad pública, destina casi dieciocho pesos a una agencia que, según su propia confesión en los informes de control, destina el 89 % de esos recursos a “transferencias”. Es decir, la ciudad sostiene una burocracia para que funcione como un simple “pasamanos” de recursos hacia operadores privados.

¿Qué estamos comprando con esos tres cuartos de billón de pesos? Un modelo cuya eficiencia es cuestionable. La misma entidad admite una tasa de deserción del 18,9 % en sus programas tecnológicos —cifra superior al promedio de ciudad— y costos que, en convenios como “Jóvenes a la E”, pueden escalar hasta los $62,5 millones por estudiante. Estamos pagando matrículas de élite por un modelo que expulsa a los jóvenes más rápido que el sistema público.

Mientras tanto, la Universidad Distrital debe gestionar su realidad con las migajas que sobran del banquete de la tercerización. Documentos oficiales de enero de 2026 confirman que la institución avanza en elecciones de decanos para las facultades de Artes (ASAB) y Ciencias de la Salud, pero estas nuevas administraciones heredan cascarones vacíos: una Facultad de Salud sin hospital universitario propio y una comunidad de Artes que sigue pagando arriendos millonarios por falta de sede, atrapada entre retrasos administrativos y «conceptos de viabilidad» que no ponen ladrillos.

La discusión y las decisiones deben ser públicas, no se trata de enfrentar a quienes estamos generando la crítica a este modelo a quienes son beneficiarios del programa Jóvenes a la E, con argumentos lastimeros como “aquí están los que quieren qutarles un derecho” (que ha sido ampliamente el tono que miembros y exmiembros de la administración distrital han intentado darle al debate). Se trata que los recursos públicos ayuden a disminuir brechas y desigualdades, no a ampliarlas, mientras se debilita la universidad pública.

Aprobar este presupuesto significaba legalizar esa desigualdad. Por eso nos opusimos. Porque hipotecar la capacidad instalada de lo público a cambio de resultados temporales es un error histórico que Bogotá no se puede permitir. El debate no es si se ejecuta el presupuesto; el debate es por qué decidimos que la educación de los bogotanos vale 17 veces menos que el negocio de los intermediarios.

Donka Atanassova