Esta semana, el encuentro del presidente de Colombia Gustavo Petro con el presidente Donald Trump de Estados Unidos me lleva a una reflexión que va más allá de la diplomacia y los comunicados oficiales. No estamos ante una visita cualquiera. Estamos ante una oportunidad histórica de replantear una relación bilateral que durante décadas se ha contado principalmente desde la seguridad, pero que hoy exige ser pensada desde la dignidad humana, desde lo social y desde la paz.
Porque hablar de Colombia y Estados Unidos no es solo hablar de acuerdos económicos o cooperación estratégica. Es hablar de pueblos conectados por historias profundas de migración, de desigualdad, de violencia, pero también de resistencia, esperanza y búsqueda de futuro.
La agenda que hoy se abre no puede ignorar lo democrático ni lo humano. Ambos países atraviesan debates intensos sobre migración, derechos civiles, justicia y ciudadanía. Y es imprescindible recordar que detrás de cada cifra, detrás de cada política migratoria, existen rostros concretos: mujeres, hombres y, especialmente, niños y niñas que cruzan fronteras no por elección, sino empujados por la pobreza, por el miedo o por el simple deseo de vivir mejor.
En Estados Unidos, la actuación de agencias como ICE ha estado en el centro de una polémica creciente. Operativos masivos han terminado en enfrentamientos con civiles y protestas ciudadanas, reavivando exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Pero más grave aún es que estas acciones han puesto en el foco internacional la detención de familias y menores de edad, lo que obliga a preguntarnos con honestidad: ¿qué tipo de democracia se fortalece cuando el control migratorio se ejerce desde el temor y no desde los derechos?
Como colombiana, y como ciudadana de un país marcado por la movilidad humana, siento que este punto no puede ser secundario. Colombia es tierra de migrantes, de desplazados internos, de exiliados, de retornados. Sabemos lo que significa dejarlo todo atrás. Sabemos lo que significa buscar refugio. Por eso debemos insistir en que el respeto a la ciudadanía migrante no es solo una cuestión legal: es una obligación moral.
No puede existir una agenda social y democrática entre nuestros países sin una defensa inequívoca de la niñez migrante. Ningún niño debería ser tratado como amenaza. Ninguna familia debería ser reducida a expediente. Ninguna frontera debería justificar la pérdida de humanidad.
La Paz Total que hoy promovemos en Colombia tampoco es un concepto aislado ni un asunto doméstico. Es una apuesta por sociedades donde la vida esté en el centro, donde la justicia social sea el camino para desactivar la violencia, y donde los derechos no sean privilegios sino garantías. Si queremos que la relación con Estados Unidos sea sostenible y legítima, debe abrazar también esos principios.
Porque la paz, en el fondo, es coherencia. Es decidir que la dignidad está por encima de cualquier cálculo político. Es reconocer que la seguridad no puede construirse sobre el sufrimiento de los más vulnerables.
Por eso, a las instituciones que ejercen fuerza bajo el amparo del Estado, incluida ICE, debemos exigirles claridad, responsabilidad y control ciudadano. Ese debería ser el tono del diálogo entre Bogotá y Washington: uno que no solo hable de economía o estrategia, sino de derechos humanos, democracia y paz.
Yo quiero creer que este encuentro puede marcar un nuevo rumbo. Que Colombia puede llevar al escenario internacional un mensaje distinto: que la paz también se construye con justicia social, que la democracia se mide en inclusión, y que ningún niño migrante debería crecer con miedo en lugar de esperanza.
Que esta agenda entre Colombia y Estados Unidos no sea solo un capítulo diplomático, sino un compromiso real con la vida. Que el respeto no sea un discurso, sino una práctica.
Y que podamos, algún día, mirar este momento como el inicio de una relación más humana, más justa, equitativa y más alegre entre nuestros pueblos: una relación donde la dignidad no tenga frontera y donde la paz sea, por fin, un horizonte compartido.
Marcela Clavijo P.
