Casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos son algunos de los hechos que se están presentando en el vecino país, según un informe Human Rights Watch (HRW).

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch revelaron un informe que da cuenta de la crítica situación humanitaria que está viviendo las comunidades populares e inmigrantes de Venezuela.

El informe titulado “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” dice que, desde julio de 2015 durante operativos de seguridad pública, una estrategia para combatir a bandas criminales, se han presentado ‘abusos’.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo HRW, señaló que “los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos”.

Vivanco asegura que en este contexto las propias fuerzas de seguridad cometen “abusos violentos – incluyendo asesinatos – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”.

Las organizaciones expondrán sus hallazgos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia pública que tendrá lugar este lunes 4 de abril y en la cual se ha invitado a participar a representantes del gobierno venezolano.

Las zonas donde se han presentado este tipo de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, según el trabajo de campo de las dos organizaciones, son Caracas y cinco estados: Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.

Las personas afectadas aseguran haber sido víctimas de arbitrariedades durante redadas o haber presenciado abusos sufridos por otras personas. A estas denuncias se suma a la de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. En febrero de 2016 advirtió que, durante el 2015, 245 personas murieron en el marco de ejecución de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Ortega dijo en su momento que en estas operaciones “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Decenas más han sido asesinadas desde comienzos de 2016, según ha trascendido en los medios de comunicación. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados.

Frente a detenciones masivas e indiscriminadas el informe señala que, según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron temporariamente a más de 14.000 personas durante operativos entre julio y enero, con la intención de “verificar” si eran buscadas por su participación en delitos, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente acusadas por algún delito.

Asimismo, más de 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados, conforme informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Cientos de colombianos deportados habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, y al menos 22.000 más se habrían ido del país por temor a sufrir abusos o ser deportados.

En otras redadas, conforme indicaron distintos residentes a las dos organizaciones, agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas de complejos de vivienda financiadas por el gobierno o de domicilios privados, y destruyeron cientos de casas con topadoras.

PROVEA y Human Rights Watch, instaron al gobierno venezolano para “garantizar que todos los operativos de seguridad se lleven a cabo respetando sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, incluido el requisito de abstenerse del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública”.

Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de PROVEA, dijo que “durante más de una década, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, y ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de derechos humanos y reprimir manifestaciones pacíficas”.