La Superintendencia de puertos y Transporte denunció que de las 30.000 empresas que prestan el servicio de carga por carretera y que tienen registro en las cámaras de comercio tan solo hay unas 2.600 habilitadas para ejercer esta función es decir que unas 27.000 compañías están dentro del rengo de la piratería en Colombia.

El Superintendente de Puertos, Juan Miguel Durán dijo en el XXXVIII Congreso Nacional de Transporte que al hacer el cruce de información con el ministerio del ramo, el resultado es bastante preocupante por lo que fue necesario emitir unas circulares a los generadores de carga para que sepan cuáles son las firmas habilitadas y autorizadas para prestar el servicio.

“Yendo más allá, hablé con el Superintendente de Industria y Comercio para que efectivamente se pueda llevar esto hacia las cámaras de comercio. Prontamente habrá una resolución de ese despacho en la que hemos venido trabajando para que el sistema cameral expida de manera obligada los certificados de existencia y representación. Con ello se dirá abiertamente si están habilitadas por el Ministerio y hacer público quienes están aptas para prestar el servicio y con quien pueden contratar”, agregó el funcionario.

Expresó su preocupación a tiempo que se indagó sobre que pueden estar haciendo 27.000 empresas que tienen como objeto el transporte de carga, pero que no tienen habilitación por parte del ministerio de Transporte.

Según Durán, el riesgo de contratar con empresas piratas o informales es grande toda vez que si algo le pasa a la carga, no habrá respuesta de ningún tipo por parte de las aseguradoras porque no hay normas de amparo al propietario de los bienes transportados.

Actualmente, la Superintendencia de Puertos y Transporte adelanta operativos con la Policía Nacional para identificar empresas irregulares y poder así coadyuvar con un sector transportador formalizado, serio, transparente y fortalecido.

Para el Superintendente, las labores encaminadas a combatir la ilegalidad se han acompañado de medidas en contra del lavado de activos pues las empresas generadoras de carga deben denunciar las actividades sospechosas pues al no hacerlo se pueden ver involucradas en acciones penales.

Indicó que lamentablemente el narcotráfico debilita el sector del transporte, haciéndolo desleal en su competencia y sobre ofertando el servicio haciendo que los transportadores sin mácula y honestos se vean cada vez más débiles.

“Con las medidas implementadas no hay espacio para que los lavadores de dinero estén mimetizándose en la empresa transportadora porque hay un sector sano y fortalecido que le apunta a crecer y a seguir apostándole al desarrollo del país”, informó.

Las mismas medidas entrarán a regir en los puertos y poder con ello ponerle talanqueras al narcotráfico. “La idea es que Colombia sea un paradigma en eficiencia y trasparencia mercantil en donde no se hable del narcotráfico sino de operaciones lícitas y puntualmente de comercio exterior”.

Responde Colfecar

Para el sector del transporte de carga por carretera agremiado en Colfecar la noticia no sorprende toda vez que han escuchado del Superintendente de Puertos y Transporte el término de mafias alrededor de la propiedad del parque automotor en Colombia, situación que considera aparte de grave muy incompleta porque cuando se habla de irregularidades o funcionamientos al margen de la ley, deben aportarse los datos específicos de quien poseen y como se identifican estos camiones. De manera paralela es perentorio saber quiénes han facilitado que situaciones como la descrita se presenten.

El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano dijo que el sector formal ha hecho la petición ante el ministerio de Transporte, ante la misma Superintendencia de Puertos, ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en busca de esa respuesta y ninguna contestación específica han recibido al respecto. Comentó que si hay casos irregulares como muchas veces se viene afirmando, lo más consecuente es que se diga no solo el milagro sino también el santo, es decir, precisar quiénes tienen esos vehículos, como fueron matriculados irregularmente y si fue contra la buena fe de las personas, o si en verdad hay delitos y quienes los cometieron.

“Con el alto número de camiones que acusan semejante situación, ya debería haber gente judicializada y a decir verdad tampoco conocemos los nombres de tal manera que falta claridad al respecto”, aseveró el dirigente gremial.

En su opinión el Ministerio ha tenido diferentes estadísticas sobre la informalidad en el transporte de carga porque en la administración Cardona se habló de 10.000 vehículos, luego el Ministro Peñaloza anotó que eran 1.500 y del ministerio actual no se ha escuchado cifra alguna, tan solo lo dicho por el Superintendente y por ello el gremio reclamó del ejecutivo claridad y contundencia, no solo en las cifras, sino en la identificación de las personas afectadas por engaño o vinculadas a procesos judiciales.

“Nosotros antes que suministrar información lo que pedimos y reclamamos es información de los organismos de control que son finalmente los que tienen estos detalles y por eso la estamos pidiendo, pero no se nos ha entregado nada concreto”, concluyó.