Un fiscal seccional de Córdoba asumió la investigación por los hechos registrados entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes 20 enero, donde fueron asesinados cuatro campesinos en zona rural de los municipios Puerto Libertador y Montelíbano en el sur del departamento de Córdoba, uno de ellos era líder social de la zona adscrito a Marcha Patriótica.

La denuncia fue hecha por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), que hace parte de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio colombianos, de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).

El primer asesinato sucedió en la noche del 19 de enero en la vereda San Ciprián del corregimiento Tierra Adentro, Montelíbano. La víctima fue Hernán Enrique Agamez Flórez, quien residía en el corregimiento Juan José del municipio Puerto Libertador.

El líder hizo parte del comité cocalero de la zona y desde Ascsucor participaba en la dinamización del territorio para la implementación de los acuerdos de paz, principalmente del punto uno d sobre reforma rural integral y del punto cuatro sobre sustitución de cultivos de uso ilícito.

Según informa la agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, el cuerpo de Hernán Enrique fue trasladado en una hamaca por campesinos y miembros de la guardia indígena Zenú que lo llevaron hasta el corregimiento San José para entregarlo a su familia.

Por la misma zona, en la vía que de Puerto Libertador conduce hacia Juan José, fue asesinado el labriego Marcelino Pastrana Fernández.

Las otras víctimas fueron los campesinos Everto Julio Quiñonez Miranda y Fredys Cogollo Mora, este último hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Salao en el corregimiento La Rica, Puerto Libertador.

Ambos fueron asesinados en la vía que de La Rica conduce hacia el corregimiento Tierradentro en Montelíbano, en inmediaciones de la finca La Cumbre.

La seguidilla de asesinatos aumenta la lista de crímenes contra miembros de Marcha Patriótica que supera las 130 víctimas en los últimos cinco años y que se han intensificado luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

Justamente el 18 de enero en Medellín, voceros de la Alianza Antioqueña por la Paz rechazaron los asesinatos, exigieron garantías efectivas por parte del Estado y alertaron sobre el riesgo que para los líderes existe las zonas norte de Urabá y sur de Córdoba ante la avanza del paramilitarismo.