Tras el informe presentado por HRW sobre ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo por parte del Ejército entre 2002 – 2008, que puso sobre el tapete uno de los hechos más dolorosos para el país, Confidencial Colombia reunió algunas reacciones.

Sin duda alguna, el documento presentado por la ONG, no solo señala sino que reafirma que generales y coroneles de la Fuerza Pública, estuvieron directamente involucrados en el asesinato de civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros.

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Mostrar “resultados positivos” a sus superiores (Ministerio de Defensa) era el propósito de tropas del Ejército, es decir, incrementar el número de bajas de insurgentes; sin embargo, como lo narra el informe, sus víctimas eran llevadas a la fuerza o “las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocarle armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”.

Hasta la fecha la Fiscalía indaga sobre al menos 3000 casos. No obstante, los culpables que han sido condenados son soldados de rango bajo, muy pocos coroneles y desde que se destapó el escándalo, ya hace siete años, ningún general ha sido imputado ni juzgado.

Otro tema que resalta Human Rights Watch en el documento es que se han identificado 180 batallones y unidades tácticas, que “presuntamente” participaron en los “falsos positivos”.

Frente al tema, el representante a la Cámara y defensor de Derechos Humanos, Alirio Uribe Muñoz, ha manifestado que aunque se han hecho varios debates para determinar la raíz de los “Falsos Positivos”, éstos ponen en evidencia que no se trató solo de “manzanas podridas como dicen algunos, sino de casos que se dieron sistemáticamente en diferentes zonas del país”.

Otro tema que le preocupa al Representante es la manera como los casos han llegado a los estrados, ya que muchos de estos están en manos de la justicia penal militar, poniéndolos en riesgo de quedar en la impunidad.

Asimismo Uribe, critica que la Fiscalía durante todo este tiempo no haya querido, ni imputar ni llamar indagatoria, a los “máximos responsables”, es decir los generales, aunque las evidencias y testimonios los señalen como culpables.

Además cuestiona que la Fiscalía tenga un volumen alto de casos sin procesar, por falta de de investigadores, por el cual dice que el ente investigador debe aumentar el número de fiscales para el caso de “Falsos Positivos”.

Por otro lado, el procurador general Alejandro Ordóñez, rechazó las conclusiones del informe de la Human Rights Watch, justificando su inconformidad por el “sesgo” y las “ligeras” apreciaciones que hace la ONG frente a las ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas señaló que “con el solo hecho de comandar una unidad se contagian los delitos que los subalternos hayan cometido es una tesis peligrosa para el Estado de Derecho”. También aseguró que, la justicia colombiana “lleva más de cinco años sin poder ser acusada por nadie de ser violadora en materia grave de derechos humanos y eso es un activo político de las Fuerza Armadas”.

Cabe señalar, que el informe muestra cuatro casos de generales que presuntamente estuvieron involucrados en los asesinatos de civiles y que no han sido investigados: General retirado Mario Montoya, General (r) Óscar González Peña, General Juan Pablo Rodríguez y el General Jaime Lasprilla Villamizar.