Un acuerdo sobre el agro con las Farc, supone zanjar desconfianzas y divisiones que históricamente ha habido entre las Colombias rural y urbana. Por eso, el debate sobre la autonomía de las Zonas de Reserva Campesinas es en realidad una discusión sobre si se profundiza en la descentralización del país para crear nuevos entes territoriales, como lo reclama Anzorc, o si el Estado fortalece su soberanía en esos territorios y aun, siendo ZRC, se propone cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.

Convertir 9.5 millones de hectáreas en Zonas de Reserva Campesina fue la frase que encendió el debate. La dijo ‘Jesús Santrich’ en La Habana, donde se llevan a cabo las negociaciones de paz con el gobierno, como parte de una serie de propuestas para mejorar la vida de los trabajadores de la tierra en Colombia.

De inmediato vinieron las repuestas. El ministro de Agricultura señaló que no era posible volver esta forma de asociación en “republiquetas independientes” y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, se refirió a las Zonas de Reserva Campesina como “cartuchos rurales”. Una discusión que apenas tomaba forma.

En medio de esa coyuntura, más de tres mil campesinos llegaron a San Vicente del Caguán, uno de los municipios más simbólicos en la historia del conflicto armado en Colombia, al tercer encuentro de Zonas de Reserva. Su objetivo era uno solo: defender el mecanismo de asociación que les ha permitido encontrar una forma de organizarse y resistir a los embates de la violencia.

La figura fue creada y reglamentada en 1994, durante el final del periodo de Cesar Gaviria y luego de multitudinarias marchas de campesinos cocaleros en el sur del país. Estas manifestaciones generaron cientos de muertos, pero dieron la posibilidad de establecer un mecanismo legal de asociación para que los campesinos pudieran protegerse.

Desde entonces se han constituido seis ZRC en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá, Bolívar y Cundinamarca. También se ha establecido una Zona de Reserva de hecho, en el Cauca. Según cifras del Incoder, estas comunidades ocupan alrededor de 850 mil hectáreas de tierra en Colombia.

De acuerdo con Anzorc, la asociación que agrupa a estas comunidades, el debate sobre las concesión de millones de hectáreas para más ZRC es inútil, pues estas ya existen de hecho. “El decreto dice que todos los baldíos donde hay presencia campesina son una zonas de reserva”, señaló a Confidencial Colombia el vocero nacional de la Asociación que agrupa a estas comunidades, Cesar Jerez.

Para ellos, los campesinos que han vivido el proceso de organización, la discusión va por otro lado. Muchos de ellos desean elevar el estatus de las Zonas de Reserva al de territorios colectivos, con el objetivo de tener la mayor autonomía posible, no solo en términos alimentarios.

¿Lejos o cerca del Estado?

Las siete mesas de discusión que se instalaron durante el encuentro, que dialogaron sobre el papel de la mujer campesina, las ZRC y la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la relación entre la economía urbana y rural, la universidad agraria, y los territorios étnicos y el problema del medio ambiente, coincidieron en la idea de generar cada vez más autonomía del Estado.

Quieren lograr una soberanía alimentaria para no convertirse “en una gran despensa de las multinacionales”, como señaló en un agitado discurso la exsenadora Piedad Córdoba, quien asistió al encuentro para acompañar a los campesinos.

Ellos quieren generar desarrollo a partir de la particularidad de cada región, exigen la soberanía campesina en el territorio, piden que los planes de consolidación del ministerio de Defensa no se lleven a cabo en “sus regiones” y desean que la intermediación comercial se acabe, para que puedan negociar directamente con los consumidores.

Esta visión coincide con la de expertos como Alfredo Molano, sociólogo colombiano que ha acompañado la creación de esta figura y quien cree que las Zonas de Reserva Campesina deben tener la mayor autonomía posibles. Otros van más allá y ya piensan en construir una figura paralela a la de los municipios para estas comunidades asociadas.

Desde el gobierno la respuesta no es muy alentadora. A su llega a San Vicente del Caguán, la gerente del Incoder, Myriam Villegas, señaló que el gobierno tiene un presupuesto reducido para apoyar las Zonas de Reserva porque “no son el único mecanismo de asociación agraria” y no dio claridad sobre la vía libre para la constitución de las Zonas que falta legalizar.

Sin embargo, Villegas comprometió al Estado a hacer mayor presencia en estas zonas, no con policía ni ejército sino con asistencia técnica, tecnología, capacitaciones y dinero para garantizar la cadena de producción y comercialización de los productos que allí se fabrican.

Esta, según el exgerente del Incoder Juan Manuel Ospina, debe ser la labor del Estado en estos territorios. “Las Zonas de Reserva Campesina deben ser fuertes pero no autónomas. Deben estar articuladas al Estado porque son mecanismos para la paz”.

El gran reto está, según los expertos, en lograr una verdadera articulación entre las autoridades locales y estos campesinos organizados. Sin duda, esta figura es el puente para que las demandas del campesinado lleguen al poder local y las respuestas se apliquen efectivamente en las comunidades.

El debate, que es cada vez menos agrario y más político, es de tal importancia que tiene en vilo la radicación del primer gran acuerdo entre el gobierno y las Farc, el de la tierra y el desarrollo rural.