El director del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Bruce Mac Master, habló sobre la integración del sector privado en la lucha contra la pobreza y la importancia de los planes de Responsabilidad Social Empresarial.

Según el funcionario, desde el DPS se viene trabajando con algunas empresas del sector privado en más de 12 municipios del país, con el fin de erradicar la pobreza, con lo cual se espera que antes de finalizar el año se haya logrado la meta en 50 municipios y antes de terminar 2013 en más de 100.

¿Cómo se está integrando al sector privado en la lucha contra la pobreza?

Nosotros hemos venido invitándolos a que focalicen sus esfuerzos de Responsabilidad Social a través de programas que de alguna forma estén coordinados con los programas que estamos adelantando. El caso más obvio es el de las «Zonas Libres de Pobreza Extrema». El caso más conocido es el municipio de Sopó, donde llegamos hace unos 8 meses e identificamos todas las familias que estaban en situación de extrema pobreza y la erradicamos por completo. Esto fue un esfuerzo que se hizo con Alpina y Corona, que son las dos grandes empresas que operan en el municipio. Este ejercicio lo hemos realizado en 12 poblaciones durante este año y la meta es tener 50 municipios erradicados al final de 2012 y ojalá podamos tener 100 al final del próximo año. El otro programa tiene que ver con la generación de empleo. Queremos hacer una conversación muy dinámica para que estos jóvenes no solo estudien sino tengan trabajo, de modo que el sector privado tiene una gran labor que desarrollar aquí.

Usted habla de algunas empresas, pero exactamente ¿qué iniciativas han recibido de los diferentes sectores?

En realidad lo que tenemos con el sector privado son mesas donde nos sentamos a conversar. En el sector financiero estamos empeñados en que crezca la inclusión financiera. Tenemos una conversación muy adelantada y muy dinámica con la Asociación Bancaria donde básicamente lo que estamos haciendo es profundizando ese tema. En el caso de las viviendas, se trabajo con el sector de la construcción y estamos buscando más acuerdos para tener más proyecto que nos permitan entregar más casas en los próximos años. En lo que tiene que ver con la entrega de alimentos, estamos trabajando en producir lo que hemos denominado los «alimentos sociales», que son de muy buena calidad y de muy bajo costo de distribución, que puede llegar a la población vulnerable.

Específicamente en el tema de la construcción, ¿Cómo aportan las 100.000 viviendas en la erradicación de la pobreza?

Por supuesto, hay que hacer un ejercicio de viabilidad en términos de quien va a ser capaz de mantener esas viviendas. Las necesidades de vivienda para la gente en condición de pobreza hoy en día en Colombia asciende a cerca de 1.200.000 viviendas, de manera que estas 100.000 viviendas es un poco menos del 10% de la solución que se requiere. Por eso tenemos que hacer un ejercicio más sofisticado de poder escoger las familias que lo necesitan pero que no caen en un peor problema por recibirla. Nosotros no podemos entregar una casa a una familia y generar un problema. Tenemos que hacer todo ese análisis de pertinencia, necesidad y oportunidad para beneficiar realmente a la gente.

Se ha hecho una crítica de que los programas son asistencialistas, ¿sí se llega a desacelerar más la economía, como van a responder por estos proyectos?

Yo diría que es un tema de prioridades. Si Colombia pone dentro de sus altas prioridades la atención de esta población, uno debería garantizar que estos programas funcionen en cualquier velocidad de la economía. Entre otras cosas porque son programas dinamizadores, que además generan demanda, que hace que la gente consuma, de manera que aún en una situación de recesión lo último que uno podría recortar sería un programa de estos.

Por qué se genera esta crítica en la ejecución de gasto en los temas sociales…

En lo social ha venido funcionando. Lo que sí diría es que hay temas sensibles como la reparación de víctimas. Nosotros si tenemos en este momento como un eje muy grande en ejecutar todos los recursos que tenemos de aquí a final de año, pero programas como Familias en Acción, que es el 70% de presupuesto nuestro es un tema que se ha venido dando de acuerdo con las fechas estipuladas. El presidente Juan Manuel Santos es muy estricto en temas como la ejecución, de manera que lo hemos venido haciendo con gran presión de parte de él.

¿Cómo va el proceso de reparación de víctimas y qué falencia ha presentado?

Sin duda, el reto más complejo que hay es el de reparar una víctima de un conflicto. Parte de lo que prometió la Ley fue una reparación a 10 años y lo tendremos que hacer poco apoco y de manera gradual. Decir que es un tránsito automático exento de problemas sería decir mentiras, lo que si podemos decir es que efectivamente se están cumpliendo los plazos que dio la ley. A estas alturas tenemos reparadas a 57.000 personas. Se había dicho que iba a ver una reparación de 60.000 víctimas en el transcurso de este año. Este año se destinaron $6,7 billones, que son los que se han venido invirtiendo. Este es un proceso complejo y difícil.

Familias en Acción, principal reto del DPS

El director del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Bruce Mac Master, señaló que uno de los principales retos de la entidad es la reinscripción de Familias en Acción. «Estamos reinscribiendo con los alcaldes más de 1.000 convenios en las últimas tres semanas, porque arrancó el nuevo programa y porque necesitamos saber si quién está recibiendo los beneficios es quien tiene derecho o no». Así mismo, señaló que se tiene como reto el de «Jóvenes en Acción», que se lanzó la semana pasada, con lo que se tiene que hacer la coordinación entre oferta y demanda de esos 120.000 cupos. Además, debemos terminar de hacer todo el montaje de la institución en las regiones.