El Ejército de Liberación Nacional anunció este lunes a través de un comunicado que «el canadiense se queda» en su poder, después de que el viernes liberara a sus otros cinco compañeros de cautiverio, todos ellos trabajadores de la minera Geo Explorer.

El grupo armado no especificó las razones por las cuáles no entregaron al ingeniero Jernoc Wobert, vicepresidente de exploración de la empresa, pero justificó el secuestro dentro de su lucha contra las multinacionales del sector minero-energético.

«El ingeniero canadiense Jernoc Wobert de 47 años, sigue retenido por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, en la Serranía de San Lucas», señaló el comunicado del grupo insurgente, fechado el pasado viernes 15 de febrero pero publicado hoy en su página web.

El mensaje, redactado por la dirección del Frente Darío Ramírez Castro, resaltó la entrega de los geólogos peruanos José Mamani y Javier Ochoa y de los colombianos Manuel Zabaleta, William Batista y Alexis López, y agradeció la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el operativo.

Los seis trabajadores habían sido «retenidos hace 4 semanas en el campamento minero que Geo Explorer mantiene en Casa de Barro, de Norosí, Sur de Bolívar».

«Los títulos mineros de Casa de Barro y Mina Seca originalmente fueron concedidos a las comunidades de mineros tradicionales que allí viven, pero debido a maniobras de intermediarios corruptos, tales títulos terminaron en manos de la empresa canadiense, con sede en Toronto, que empleó al ingeniero Wobert y lo envió a Colombia», señaló el comunicado.

Según esta guerrilla, el Gobierno colombiano autorizó a esta empresa «dedicada a la explotación del oro» a trabajar en la Serranía de San Lucas porque las autoridades tenían control sobre casi la totalidad de la región y «nadie se opondría a la explotación intensiva del valioso metal».

«Una cosa son los papeles y diapositivas de los ministerios de guerra y del interior, y otra la realidad de las regiones marginadas de Colombia, en las que la única presencia visible del Estado son sus fuerzas militares, paramilitares y policiales», expuso la guerrilla para justificar el secuestro.

El grupo armado denunció a políticos locales de la región sur del departamento de Bolívar, el lavado de dinero con regalías procedentes de la explotación minera y otros casos de corrupción y narcotráfico, al tiempo que destacó la alianza plena de las autoridades con grupos paramilitares.