Estamos a unos días del 1 de octubre, día elegido por el gobierno de la Generalitat de Cataluña para materializar el mayor desafío constitucional desde la instauración de la democracia en España tras la dictadura franquista.

Desafío que tiene atónitos a propios y extraños por la descarada y burda manipulación que hacen quienes están al frente de las instituciones catalanas para trasladar a los ciudadanos la corresponsabilidad de los actos independentistas que pretenden aprobar de manera ilegal, en ese supuesto referéndum.

Las reiteradas mentiras del Presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y las manifestaciones manipuladas y oportunistas que intentan enseñar al mundo algo que no encaja en el sentido común, no terminan de calar en la opinión pública. En un estado de derecho, los dirigentes políticos no pueden ni deben mentir a los ciudadanos.

La situación autonómica de Cataluña no está en peligro, el margen de decisión de su autogobierno es altísimo tras muchos años de transferencias de gestión por parte del Estado español. No están amenazadas sus capacidades democráticas, ni en discusión tras decenas de votaciones en diferentes momentos de estos largos años de democracia en España, su derecho al voto.

Nada ni nadie les ha impedido su libre pensar, de «estar» en el mundo, o de expresar su cultura, sus tradiciones, o el uso de su idioma durante estas casi cuatro décadas de democracia.

Los dirigentes catalanes, agobiados unos por la marea de corrupción y otros por los problemas internos, piensan que llevando el estado de derecho al límite, podrán conseguir lo que tantos años de sacrificio y lucha contra el franquismo, hicieron millones de españoles que viven hoy un nivel de modernidad y libertad nunca antes soñados, argumentando una desatención de Madrid, o un desconocimiento de sus particularidades culturales y su autonomía.

Por muchas veces que repitamos las mentiras no siempre terminan instalándose en la opinión pública:

Cataluña nunca fue un reino a quien históricamente hubo que conquistar; los catalanes aportan al estado español más de lo que reciben, interpretable y media verdad. Que su nivel de autogobierno es precario y parco en capacidad de toma de decisiones, mentira de las grandes, que el Gobierno central no tiene legitimidad democrática, ahí tienen las diferentes decisiones del Tribunal Constitucional para demostrar lo contario.

El gobierno español está actuando con la Ley en la mano, apoyado desde las instituciones jurídicas del Estado.

Quien pensó que su debilidad parlamentaria podría darles alguna ventaja estratégica se equivocaron. La ley es igual para todos y hay que cumplirla cueste a quien le cueste. Desafortunadamente no hay una unidad total de los partidos políticos, pero ahí van unos dejándose ver mas allá de la piel de cordero que los camufla.

Quizás, el 1 de octubre no se rompa la unidad de España, pero de seguro que dejará una desazón en centenares de miles de catalanes que quizás con otras reglas del juego y apegándose a las leyes que rigen el país, podrían manifestar libremente sus inquietudes a través del voto.

El gobierno tendrá que pensar si ha aplicado toda su capacidad de diálogo para evitar este despropósito institucional, pero desde luego hay una regla máxima en democracia, sin respeto a las leyes, no hay futuro para nadie.

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