Desde diciembre del 2019, la Comisión de Investigación y Acusación se encuentra funcionando a “media marcha”, pues tres meses después, los recursos que se necesitan para su total funcionamiento no han sido asignados. El Representante Mauricio Toro del Partido Verde y miembro de la Comisión, señalan que esta situación se repite dos veces al año, creando incertidumbre frente a la operación de la Comisión, pues los responsables (Dirección administrativa de Cámara y Ministerio de Hacienda) «se tiran la pelota entre ellos», y nadie da soluciones efectivas.

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, manifiesta que se han emitido varias solicitudes a la Dirección de Presupuesto Nacional, pero el Ministerio de Hacienda se niega a efectuarlas, argumentando que ya giró una cifra, que según la Cámara es inferior al presupuesto del 2019, lo cual impide llevar a cabo las contrataciones de abogados sustanciadores e investigadores técnicos necesarios para la Comisión.

Para el Representante Toro: “este “rifirrafe” entre entidades perjudica la operación de la Comisión y resulta muy conveniente para que procesos penales de gran relevancia nacional no puedan llevarse a cabo mientras sus plazos prescriben, sobre todo después de las recientes denuncias interpuestas contra el presidente Iván Duque, por presunta compra de votos. Los colombianos no podemos seguir siendo testigos de cómo prescriben decenas de casos y de cómo la verdad sobre tantos hechos de corrupción en el país sigue sin salir a la luz pública y los culpables sin recibir penas”.

Y agrega que “a pesar de que, en la opinión pública hoy, la Comisión tiene una imagen desfavorable, la verdad es que estos problemas presupuestales que ocurren cada semestre hacen imposible contar con buenos profesionales y con investigaciones juiciosas y eficientes. Eso es muy sospechoso y no debería ocurrir en un órgano que actúa como una alta Corte de justicia”.

La gravedad de la situación haría que muchos de los procesos que se adelantan allí contra los aforados podrían prescribir porque no se tienen los elementos suficientes para poder trabajar, dejando en la impunidad casos de gran connotación nacional, pues el de Iván Duque no es el único.

El proceso en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez por el escándalo de corrupción de Odebrecht, así como los casos de algunos magistrados y los expresidentes como Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, también están en la Comisión y podrían quedar en total impunidad.

Esta situación se repite cada año, no solo en la Comisión de Acusaciones, sino en todas las oficinas de apoyo a la labor legislativa de senado y cámara, donde el personal contratista debe esperar durante tres meses en cada semestre para ejercer la labor que le corresponde.