El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dictó hoy una conciliación obligatoria en un intento de impedir una séptima jornada de huelga de los trabajadores del servicio de metro de la ciudad en demanda de mejoras salariales.

El subsecretario de Trabajo del gobierno porteño, Ezequiel Sabor, y el procurador general, Julio Conte Grand, explicaron esta madrugada que el objetivo de la medida es evitar una nueva jornada de una protesta que afecta a más de 900.000 viajeros cada día.

El Gobierno de Buenos Aires, que convocó a los sindicatos para una nueva reunión, tras el fracaso del encuentro del jueves pasado, confía en que su decisión permita reanudar hoy el servicio, aunque los sindicatos aún no se han pronunciado.

El jueves, el fiscal Federico Villalba solicitó a la Justicia que ordenara a la empresa concesionaria del servicio de metro, Metrovías, y a los gremios convocantes del paro la reanudación de la actividad.

La petición del fiscal se produjo tras el fracaso de una larga reunión entre representantes del Gobierno de la ciudad y de los sindicatos.
La reunión se realizó a instancias de la jueza porteña Patricia López Vergara, quien llamó hoy a las partes a negociar porque «la conflictividad social amerita la urgencia (…), los ciudadanos no pueden ser rehenes de dos jurisdicciones».

El conflicto ha derivado en un aumento del malestar social en Buenos Aires y en un duro intercambio de acusaciones entre el Gobierno nacional, presidido por Cristina Fernández, y la administración municipal, encabezada por el conservador Mauricio Macri.

Macri responsabilizó del conflicto a sectores gremiales oficialistas e insistió en que no puede hacerse cargo del subterráneo, tal y como le reclama el Gobierno de Fernández, que traspasó el metro a las autoridades porteñas el pasado enero pero retiró los millonarios subsidios que destinaba al servicio.

Los trabajadores reclaman un aumento salarial de un 28 por ciento, además de otras demandas de mejoras en condiciones laborales y de prestación del servicio.