A través de una reunión entre los principales miembros de las comisiones de Paz de Senado y Cámara se dio apertura a la labor del legislativo en el inminente proceso de diálogo entre el gobierno y las Farc.

En medio del conflicto armado, el gobierno y las Farc han decidido sentarse a la mesa para concertar el futuro de una Colombia en paz. Desde Cuba, se han conocido detalles de una agenda que pretende terminar con años de guerra y direccionar al país hacia la reconciliación.

Aquí, en el lugar donde se desarrolla el conflicto, la labor de quienes hacen las leyes puede ser clave para descongestionar periodos críticos del proceso e impulsar iniciativas y documentos que salgan de ese diálogo.

El Congreso cuenta, desde hace algo menos de dos años, con dos comisiones de Paz. Una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes. Este miércoles se sentaron, en plenaria y por primera vez desde la iniciativa de paz, para definir las funciones en el difícil camino hacia la paz.

Con la agenda que se filtró en una cadena radial en la mano, los integrantes de las comisiones discutieron varios temas. La política agraria, el fin del conflicto, la priorización de las víctimas y el narcotráfico estuvieron en el debate que duró algo más de una hora.

“El hecho de que las partes decidan sentarse en medio del conflicto es un avance muy importante”, señaló la representante Ángela María Robledo. Sin embargo, las acciones militares de un lado y de otro podrían dilatar y obstaculizar el rumbo del proceso.

Los miembros de las comisiones se enfocaron en que las víctimas son claves a la hora de buscar la paz, y que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición deben ser una política nacional.

“El derecho a la verdad, a la reparación y la no repetición es irrenunciable para el Estado. El defensor del pueblo tendrá que trabajar con mucho cuidado, pero sobretodo con mucha creatividad, sobre procesos alternativos para la aplicación de la justicia transicional” sostuvo el senador Roy Barreras.

El presupuesto nacional también fue tema de discusión. Los miles de millones que Colombia destina anualmente para la guerra tendrían que ser invertidos, en el hipotético escenario de que el proceso avance, para implementar los mecanismos definidos en la conversación.

Una eventual comisión de la verdad, la representación de las víctimas por parte del Defensor del Pueblo y la participación política de los guerrilleros también se discutieron en el Congreso.

Estas comisiones de Paz podrían ser saludos a la bandera, pero tienen la obligación de aportar iniciativas y mecanismos para que el proceso avance y para que la sociedad civil se vinculen de manera directa a los acuerdos que se generen en La Habana. Es su deber constitucional.