La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aún no ha tomado una decisión acerca de las tutelas presentadas por algunos ciudadanos que buscaban frenar la destitución del alcalde Gustavo Petro. Para mañana se conocería una decisión del Consejo en rueda de prensa. El magistrado Ovidio Claros pidió más tiempo ara revisar el caso.

Pedro Alonso Sanabria, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, presentó una ponencia que pide revocar las 334 tutelas unificadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, que suspenden provisionalmente la sanción disciplinaria en contra del alcalde Gustavo Petro. El pronunciamiento oficial de la decisión se hará mañana en rueda de prensa.

El magistrado Ovidio Claros pidió más tiempo para revisar la ponencia a la luz de las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según el primer punto de la ponencia se niega el carácter absoluto de los derechos a elegir y ser elegido ya que, según la ponencia de Sanabria, estos no pueden interferir en la facultad de disciplinar y sancionar servidores públicos o ciudadanos.

El segundo punto reafirma la facultad que tienen el procurador general para sancionar servidores públicos elegidos por voto popular.

El tercer punto asegura que la atribución del Presidente de la República es la de suspender al alcalde mayor de acuerdo a los casos señalados por la ley.

El cuarto y último punto de la ponencia habla sobre la imposibilidad de que un tercero pueda abogar por el perjuicio irremediable de otro. Esa facultad solo la tiene el directamente afectado.

Alrededor de esta decisión mucho se ha dicho y recordado, como las relaciones entre el magistrado Sanabria y David Murcia Guzmán, fundador de la pirámide DMG y preso en Estados Unidos por lavado de activos, a quien le habría recibido 400 millones de pesos cuando fue candidato a la Gobernación de Cundinamarca. Además, el mismo Sanabria expresó un impedimento para decidir en este caso debido a su amistad cercana con el procurador Alejandro Ordóñez, impedimento que no fue aceptado.

Así las cosas, lo único que falta para que Petro tenga que dejar el Palacio de Liévano es la presentación, estudio y votación en el Consejo de Estado, de la ponencia contraria a la votada la semana anterior y la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, una decisión de la CIDH sobre medidas cautelares a favor de Petro es la única carta que el queda al alcalde.