Armando Novoa, uno de los presidentes del ‘Congresito’ del 91, no descarta la posibilidad de que el presidente Santos requiera facultades especiales para sentar a las Farc y al Congreso en una comisión especial.

Al presidente Juan Manuel Santos le cayó un vendaval de críticas luego de mencionar la posibilidad de crear un ‘Congresito’ o comisión especial para implementar los acuerdos que se logren entre el Gobierno Nacional y las Farc desde La Habana.

Según el mandatario, una de las alternativas para integrar a este órgano especial sería convocar a los delegados de las Farc y a delegados de la Comisión Primera del Legislativo para discutir lo acordado en las negociaciones paz.

Varios sectores políticos manifestaron que ejecutar este plan sería inconstitucionalidad e inconveniente pues le quitaría funciones que por ley son propias del Congreso, y omitiría varias normas de la Constitución.

“No entiendo por qué se armó semejante ventarrón”, dijo el mandatario en RCN la Radio, aclarando que el ‘Congresito’ es solo una idea en abstracto, y que no ha sido acordada o siquiera discutida en la mesa de diálogos. En todo caso, el tema está sobre la mesa. Para analizar cómo podría efectuarse y qué consecuencias traería para el escenario jurídico y político del país, hablamos con uno de los presidentes del ‘Congresito’ que hizo el «tránsito legislativo» (por decirlo de alguna manera) entre la recién proclamada Constitución y el Congreso de la República.

Armando Novoa García, Carlos Lemos Simmonds y Luis Guillermo Nieto Roa en representación de la Alianza Democrática M-19, el Partido Liberal y Todavía Podemos salvar a Colombia, el partido de Álvaro Gómez Hurtado, fueron la presidencia colegiada de esa comisión legislativa que tuvo 36 miembros, entre congresistas y delegatarios de la constituyente. Este Congresito pulió las bases de la nueva Constitución y reglamentó, entre otras, la acción de tutela y las nuevas instituciones de justicia.

Para Novoa, si se quiere instalar un ‘Congresito’ en los términos de Santos se necesitan dos acciones fundamentales: una consulta popular y una reforma constitucional (…), ambos unos retos mayúsculos para la actual administración.

Por un lado, el Congreso tendría que dedicar un proyecto de acto legislativo, compuesto de ocho ciclos de debates en Senado y Cámara, para discutir y organizar la estructura de ese órgano especial. El problema es que en esa fase no estarían claras las competencias que tendría ese apéndice constitucional, pues el Congreso estaría delegando competencias que son indelegables -como por ejemplo la de legislar en materia de paz, víctimas y reformas constitucionales- a una comisión que contaría con la presencia de las Farc.

Dice Novoa que para consolidar esos términos sería necesaria una apelación directa del pueblo bajo la forma de una consulta popular. El Presidente Santos ha descartado públicamente la posibilidad de acudir a referendo o a asamblea constituyente para efectos de tramitar lo que se acuerde en La Habana, pero al parecer la consulta popular sería una opción viable lo que la consulta popular sería una opción viable.

“En esa consulta tendrían que preguntarse dos aspectos: apoyo a los acuerdos de paz y si se autoriza otorgarle facultades especiales al Presidente para que integre esa comisión especial”, explica el abogado.

Allí también tendrían que especificarse las competencias de la comisión, el régimen de inhabilidades, las características de la participación de las Farc y si se está de acuerdo con que el Presidente tome las medidas necesarias para el desarrollo transparente de ese ‘Congresito’.

Novoa insiste en que sentar en la misma mesa a las comisiones primera del Congreso y a voceros de la guerrilla es una decisión que debe contar obligatoriamente con el visto bueno de la ciudadanía y asegura que si bien la idea es complicada de aterrizar, no es imposible de llevar a cabo.