Un comité legislativo presentó hoy una demanda civil contra el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, para obligarlo a entregar más documentos sobre la investigación del trasiego ilegal de armas a México en 2009.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que investiga desde hace más de un año la fallida operación «Rápido y Furioso», presentó la demanda en un tribunal federal para que Holder entregue los documentos solicitados en una citación judicial en octubre de 2011.

El documento explica que la demanda, contenida en 41 páginas, responde a la «obstrucción» del Departamento de Justicia a la investigación de «Rápido y Furioso», una operación encubierta que permitió el traspaso ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.

Agrega que la demanda también obedece a la negativa de Holder de entregar los documentos adicionales y a la decisión del presidente de EE.UU., Barack Obama, de recurrir al fuero ejecutivo, que protege las deliberaciones internas de las agencias federales, para negarse a producirlos.

El consenso de los expertos es que, en todo caso, el litigio se prolongará más allá de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, y no está claro que un juez federal pueda exigir la divulgación de documentos protegidos por el fuero ejecutivo.

En junio pasado, el Departamento de Justicia indicó que tampoco abriría un proceso judicial por desacato contra Holder.

El legislador republicano Darrell Issa, que preside el citado Comité, afirmó hoy que Obama «se excedió en su autoridad» al usar el fuero ejecutivo, pese a que cuando llegó a la Casa Blanca «prometió un nivel de transparencia sin precedentes».

Según Issa, los documentos «demostrarán por qué al Departamento de Justicia le tomó diez meses» retractarse de una carta del 4 de febrero de 2011 que, según los republicanos, contenía «falsas negaciones» sobre las tácticas usadas en «Rápido y Furioso».

La decisión de Obama de usar el fuero legislativo no tiene «mérito» y fue más bien «una calculada maniobra política para frenar la divulgación de los documentos hasta después de los comicios de noviembre» próximo, enfatizó Issa.

Pero la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, replicó en un comunicado que la demanda es una maniobra «partidista» que «desperdicia los dólares y recursos de los contribuyentes y distrae del asunto urgente ante el Congreso: la creación de empleos y el crecimiento de nuestra economía».

El pasado 28 de junio, la Cámara baja, controlada por los republicanos, aprobó sendas medidas de censura por desacato contra Holder, ante su negativa a entregar los documentos requeridos.

Se trata de la primera vez que un fiscal general de Estados Unidos es objeto de una demanda por parte del Legislativo mientras ejerce sus funciones al frente del Departamento de Justicia.

Tras la operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), que depende del Departamento de Justicia, los agentes le perdieron el rastro a las armas, que fueron a parar a manos criminales.

Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas. Dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.

En un informe del pasado 31 de julio, el Comité responsabilizó a cinco funcionarios de la ATF de la comisión de «traspiés, malos juicios y de una estrategia intrínsecamente imprudente».

La operación encubierta, cancelada en enero de 2011 a raíz del escándalo, levantó ampollas en las relaciones entre EE.UU. y México, que exige al Gobierno de Washington medidas más contundentes contra el flujo ilegal de armas, que nutre la «narcoviolencia» en ese país.