En Tibú, Norte de Santander, se vive una zozobra constante ahora que el frente 33 de las Farc comenzó su traslado hacia las zonas veredales en las que se agruparán para el proceso de dejación de armas. La población denunció a las autoridades que 50 hombres armados, que se identificaron como miembros de las Águilas Negras, irrumpieron en este municipio y advirtieron que, ahora que las Farc salen de estos territorios, serán ellos los que asuman el control de dichas áreas.

La alerta se encendió porque, de acuerdo con el portal Verdad Abierta, los paramilitares entre 1999 y 2004 azotaron de manera inclemente ese departamento, particularmente en los municipios de Tibú, La Gabarra y Cúcuta, dejando un saldo de 13.919 muertes durante ese periodo.

La caravana de guerrilleros, que se desplazarían hacia la vereda Caño Indio, una zona transitoria de normalización en la que se concentrarán 268 guerrilleros armados y 330 milicianos, es decir 598 guerrilleros en total, se vio interrumpida hasta que no se garantizara la seguridad de los pobladores tras las amenazas que estos denunciaron ante las autoridades.

Por su parte el general Jaime Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército, desmintió este jueves que el recorrido que adelantan desde La Gabarra hacia Caño Indio, en Tibú, 120 guerrilleros de las Farc se haya visto amenazado por 50 hombres armados, vestidos de negro e identificados como ‘Águilas Negras’, como han denunciado pobladores.

“No hubo ningunas Águilas Negras, ni vestidos de negro como pretenden mostrar. Eso es totalmente falso. El Ejército Nacional, a través de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano tiene un corredor humanitario para poder que los señores de las Farc lleguen desde los puntos de concentración a las zonas veredales sin ningún inconveniente”, dijo el oficial.

La realidad es que varias familias que habitan en zona rural de Tibú y que recibieron las amenazas por los combos armados, tuvieron que desplazarse hacia La Gabarra para proteger su integridad.

El hecho fue rechazado por la asociación de campesinos del Catatumbo (Ascamcat), que solicitó a las personas que integran el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU su apoyo para que las denuncias no se queden en el aire.