A un mes de promulgada la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en la que se establecen las disposiciones para amnistías e indultos por los delitos políticos y los conexos con estos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian que los Jueces de Ejecución de Penas le estarían incumpliendo con lo dispuesto en la norma. En algunos casos han negados las solicitudes de amnistía y en otros, no le han dado trámite a las solicitudes de libertad.

Para el abogado Uldarico Flórez, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y reconocido defensor de los Derechos Humanos en Colombia, es claro que desde la Rama Judicial no están aplicando la ley porque en muchos casos desconocen la norma y tienen como pretexto principal que aún no ha entrado en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Estos funcionarios están poniéndole trabas a la ley, porque los combatientes de las Farc han librado una lucha contra el sistema. En el pasado estos mismos funcionarios negaron beneficios judiciales como tutelas y unificaciones familiares”, señaló Flórez a Confidencial Colombia

Asimismo, manifiesta que, “los Jueces de Ejecución de Penas y la Fiscalía están desconociendo la ley por eso deben ser investigados disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura. La norma es clara en ese sentido, los funcionarios no pueden ser negligentes”.

La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza estima que a la fecha los Jueces de Ejecución de Penas han negado cerca de 200 solicitudes; sin embargo, otras organizaciones como la Coalición Larga Vida a las Mariposas dan cuenta de al menos 700 solicitudes negadas por la Rama Judicial.

Ante las denuncias, Confidencial Colombia consultó a los Jueces de Ejecución De Penas y medidas de seguridad de Bogotá que respondieron con un comunicado donde exponen los motivos por los cuales han rechazado las solicitudes de amnistía que han hecho los presos políticos de las Farc.

“Rechazamos las manifestaciones públicas que asignan responsabilidad a los funcionarios de esta especialidad en oposición al curso que debe seguir el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, de cara a la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.

Entre otros argumentos, los Jueces manifiestan en el comunicado que han negado las solicitudes amparadas en Ley de Amnistía, porque a la fecha no está creada la Jurisdicción Especial de Paz y su secretario ejecutivo, autoridades a las que deben ser remitidas las actuaciones y suscritas las diligencias de compromiso para la libertad condicionada.

Asimismo, los togados señalan que “no existe el texto definitivo de dejación de las armas, que trata explícitamente el artículo 18 de la mencionada Ley, sin importar la situación jurídica del aspirante a ser beneficiado con misma (privado o no de la libertad)”.

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Sin embargo, Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc señala que la negativa de los jueces se debe al desconocimiento de la norma.

“Es inadmisible que los jueces se nieguen a darle trámite a las solicitudes, porque la ley tiene un principio básico que es el principio de favorabilidad. Esta ley de la república tuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas en Congreso”.

Finalmente, Martínez tilda como pretexto el hecho la Rama Judicial insista en la inexistencia de la JEP para aplicar la ley.

“Es una excusa que no exista la JEP para aplicar la ley porque el modelo de amnistía que contempla la norma es un modelo que los jueces tienen que aplicar de manera favorable al reo”.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento del Gobierno frente a este tema, mientras tanto, organizaciones defensoras de los presos políticos de las Farc preparan una denuncia pública y la solicitud de acciones disciplinarias para los jueces que se han negado a cumplir la Ley.

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