El presidente de Asonal judicial, Luis Fernando Otálvaro, afirmó que la ministra de Justicia quiere imponer la propuesta del gobierno y que no hay ambiente para negociar. Los trabajadores exigen nivelación salarial en 5 años y con los mismos montos para la rama y la Fiscalía.

Este lunes, la comisión negociadora de los empleados de la rama judicial se reunió con la ministra Ruth Stella Correa para intentar poner fin a la crisis de la justicia, que lleva 19 días en paro.

Las partes llegaron a la mesa con posiciones claras: el gobierno propuso nivelar los salarios de los trabajadores en un periodo de 6 años, e invertir la suma de 1.2 billones de pesos para este proceso.

Los trabajadores cedieron a su aspiración de promover una nivelación en tres años y aceptaron que esta se diera en 5, pero no resignaron ni un peso en cuanto a la inversión para realizar este proceso y se mantienen en 1.5 billones de pesos.

La negociación duró siete horas, pero los resultados no fueron los esperados. El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, afirmó a Confidencial Colombia que “la ministra impidió que hubiera buen ambiente para la concertación. Llegó con una propuesta y nos exigió aceptarla”.

Según el representante de los trabajadores de la rama, la ministra Correa les dijo “o toman la propuesta o invertimos esa plata en otras instituciones”. Los empleados se pararon de la mesa afirmando que “el paro sigue con más fuerza”.

Por eso este martes, trabajadores de la rama de todo el país se movilizan en Bogotá para seguir exigiendo que se les nivelen los salarios.

El gobierno nacional ya manifestó su preocupación por este paro. El ministro del trabajo, Rafael Pardo, manifestó su inquietud por las consecuencias que pueda tener este cese de actividades en la rama judicial.

«Nos preocupa mucho también que procedan con este paro libertades de personas, digamos, que están en proceso por presuntos delitos de alto impacto o alta peligrosidad», señaló el Jefe de la cartera de Trabajo.

De igual manera manifestó que este cese de actividades en el ámbito judicial tiene varias consecuencias, como la libertad de personas procesadas por delitos de alto impacto o peligrosidad.