El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc abre la esperanza de sacar a la luz uno de los delitos más invisibles: la violencia contra la mujer, utilizada como arma de guerra durante casi 50 años de conflicto armado.

Cuando Colombia se prepara para celebrar el domingo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que coincide con un diálogo encaminado a acabar con el conflicto, se hace evidente que apenas hay información para esclarecer el alcance real del problema.

El informe más exhaustivo es una muestra representativa de casos recogidos entre 2001 y 2009 por la Casa de la Mujer y la ONG Oxfam-Intermón, en el que se determina que 489.687 mujeres de 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales un 82,15 % no denunció por miedo o falta de información.

Según el estudio, «la violencia sexual constituye una práctica frecuente en el marco del conflicto armado», afirmación que coincide con un auto de 2008, cuando la Corte Constitucional reconoció que éste es un método «habitual, extendido, sistemático e invisible».

«Tenemos la autoridad ética para decir que podemos ser un sosten en el mantenimiento de la paz, este proceso nos da la oportunidad de crear dinámicas de visibilidad y restitución», dijo a Efe Marina Gallego, del movimiento Mujeres por la Paz, creado el pasado octubre en coincidencia con la apertura del diálogo entre el Gobierno y las Farc.

Bajo el lema «la llave de la paz también es nuestra», este grupo coordina a centenares de entidades para exigir verdad y justicia a ambos bandos, e incluir la perspectiva de género en el diálogo con el objetivo de que «la paz no se asiente en la impunidad».

Y es que la violencia contra la mujer en el conflicto va mucho más allá de la violación, esclavitud, prostitución, embarazo o esterilización forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Muchas, además, son víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, lo que, según Human Rights Watch, elevaría los casos de violencia sexual y doméstica a unos dos millones de mujeres y niñas desplazadas.

Por su parte, Amnistía Internacional alertó en 2011 que, si bien la Corte Constitucional ordenó en 2008 a la Fiscalía investigar 183 casos concretos de crímenes sexuales en el marco del conflicto, a septiembre de 2010 «sólo habían concluido cinco».

De esos 183 casos, «los paramilitares fueron autores del 45,8 %, las fuerzas de seguridad del 19,4 % y los grupos guerrilleros del 8,5 %».

Todo esto genera «enfermedades psicológicas invisibles como estrés postraumático, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y de la alimentación», explicó a Efe la psicóloga Osana Medina, de la Casa de la Mujer.

Los casos son numerosos, pero pocas las víctimas que se atreven a hablar. Claudia Ospina explicó que decidió el año pasado reportar a la Fiscalía que en 2004 fue violada por un paramilitar en Yondó (departamento de Antioquia), a pocos metros de un control del Ejército.

Entonces estudiaba un diplomado en Derechos Humanos, lo que, le permitió «abrir los ojos» pero a la vez caer víctima de los paramilitares: «me convertí en una piedra en el zapato», confesó.

Su caso, como el de millones de colombianas, aguarda en algún archivo fiscal, mientras el trabajo en su organización Reconstruyendo Sueños de Mujer la empuja a seguir adelante.

Este drama llevó a los legisladores Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Ángela María Robledo, del Partido Verde, a presentar un proyecto de ley que reivindica la tipificación de «crímenes de guerra» para estos delitos, que ya ha sido aprobado en un primer debate.

Robledo adelantó que el objetivo es evitar que prescriban y evidenciar que «la guerra exacerba las relaciones patriarcales e impone nuevos órdenes de sometimiento que colocan a la mujer en una situación de franca vulnerabilidad».