Desde que el Procurador Alejandro Ordóñez anunció en rueda de prensa que destituía e inhabilitaba al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el pasado lunes 9 de diciembre, las reacciones han sido constantes y crecen progresivamente. Además, el choque de trenes entre Procuraduría y Fiscalía es solo cuestión de tiempo.

El pasado lunes de 9 de diciembre, el Procurador General Alejandro Ordóñez anunció que destituía e inhabilitaba por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro. Desde ese momento la realidad política del país y de la capital han sufrido un sacudón mayúsculo.

Por parte del Alcalde ha llenado dos veces la Plaza de Bolívar, en dos días consecutivo que han estado llenos de arengas, apoyo, discursos, indignación y, sobre todo, tranquilidad. Las manifestaciones están convocadas para toda esta semana y se espera que todo discurra en completa calma.

En la orilla opuesta se encuentra el Procurador General de la Nación a quien la decisión no le ha generado el mejor de los ambientes en esta semana. En primer lugar, los medios masivos de comunicación expresaron su descontento con la medida del jefe del Ministerio Público. Diana Calderón, periodista de Caracol fue enfática en señalar que la sanción es desproporcionada comparada con la suspensión recibida por el exalcalde Samuel Moreno, envuelto en el Carrusel de la Contratación.

El Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, también se pronunció muy temprano el lunes, al decir que las atribuciones del Procurador deben ser revisadas y reformuladas. En el mismo sentido se pronunció el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Según el jefe del ente investigador el Procurador y su método de investigación siguen una línea “medieval”.

Igualmente, prestigiosos constitucionalistas han afirmado que el fallo del Procurador es inconstitucional y Ordóñez está extralimitándose en sus funciones. En un foro sobre la Reforma a la Justicia en el Capitolio Nacional, en la mañana del 11 de diciembre, la conclusión generalizada de los participantes, entre los que se encontraban los presidentes de las altas cortes, el Ministro de Justicia y el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny, entre otros; fue que la destitución e inhabilidad del Alcalde por errores administrativos es una mala señal para la ciudadanía en el marco de una proceso de paz con las Farc, toda vez que Petro es un exguerrillero del M-19, amnistiado y reincorporado a la vida civil.

En ese mismo sentido se pronunció la delegación de las Farc en la mesa de diálogos en la Habana. Para el grupo guerrillero la destitución del Alcalde Mayo de Bogotá es una señal de desconfianza para todos aquellos que quieran volver a la vida civil y al ejercicio político.

Finalmente, el miércoles 11 el Fiscal General ordenó una inspección judicial en la Procuraduría, diligencia que se realizó en la mañana de ese día y que terminó hacia mediodía. La inspección de la Fiscalía tiene como fin indagar si existen motivos suficientes para que el ente acusador abra una investigación penal contra el Procurador General o delegado, según sea el caso, por cuenta de las posibles irregularidades en el fallo emitido el lunes pasado. Acerca de esa acción tomada por la Fiscalía General, el Ministro de Justicia, señaló que el ente investigador sí puede acusar al jefe del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia. El choque entre el Fiscal y el Procurador solo es cuestión de tiempo.

A pesar de que todo el país político y gran parte del civil, así como la ONU y varios eurodiputados se han pronunciado sobre la decisión del Procurador, este no ha pronunciado una sola palabra desde aquella rueda de prensa en la que Ordóñez se jugó su imagen.