Un juez de control de garantías de Bogotá envío a la cárcel a 5 policías, señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y concusión, por hechos ocurridos entre los años 2011 y 2015 en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados integraban una organización delincuencial dedicada a la desintegración de vehículos de carga pesada de manera ilícita. Los vehículos eran postulados ante el Ministerio de Transporte para obtener la ayuda económica que esta entidad estatal ofrece al pequeño camionero, por valores que oscilaban entre 40 y 70 millones de pesos.

La investigación logró evidenciar la vinculación de 5 funcionarios de la Policía Nacional, que al parecer, prestan su colaboración a esa estructura delincuencial, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y a la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la ciudad Santiago de Cali, quienes favorecían a dicha organización a través la realización de estudios técnicos y conceptos favorables para la chatarrización de manera ilícita.

Se presume que los indiciados también habrían realizado maniobras para ocultar o destruir elementos materiales probatorios con los cuales se abrió la investigación penal en la Fiscalía General de la Nación, en contra de los integrantes de la organización delincuencial en Santiago de Cali.

Dicha estructura, según lo establecido, era encabezada por Pedro Aguilar y Andrés Villegas.

Los cinco funcionarios activos de la Policía Nacional fueron capturados el 14 de febrero, por orden de un juez de garantías del municipio de Duitama (Boyacá), en el departamento del Tolima, la ciudad de Tunja (Boyacá), Cali (Valle del Cauca) y Bogotá por conformar presuntamente esa mafia.

El intendente John Jairo Calambás Chaux, el subintendente Alexánder García Candelo y el subintendente Jesús Hernán Lasso Villota, se encargaban de realizar los peritajes de los vehículos; sin embargo, por órdenes de Pedro Aguilar y Andrés Villegas, supuestamente pasaban vehículos que no cumplían con las características técnicas, recibiendo de ellos dos entre 1 y 4 millones de pesos por automotor, de acuerdo a su tonelaje.

Por otro lado, el intendente Sergio Antonio Martínez Orozco y el patrullero Luis Orlando Cruz Jiménez estaban encargados de las investigaciones de chatarrización en el Valle del Cauca, procesos que al parecer mantenían quietos por órdenes de Villegas y Aguilar y de los cuales recibían 14 millones de pesos.

En audiencias concentradas, realizadas en el Complejo Judicial de Paloquemao, se les legalizó la captura, se les imputaron cargos a Calambás, García y Martínez por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, fraude procesal y prevaricato por acción agravado; cargos que no fueron aceptados. Además, se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En el caso de Martínez y Cruz se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, concusión y supresión u ocultamiento de documento público, quienes tampoco aceptaron cargos. Se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.