El presidente colombiano, Iván Duque, reconoce a Efe que es “difícil” proteger a los “más de siete millones de líderes sociales” que hay en Colombia, donde cientos de ellos han sido asesinados desde la firma de la paz en 2016 , y aboga por mejorar las medidas de protección colectiva y llevar a cabo acciones rápidas en casos específicos.
Cuando se acerca el aniversario de su primer año en el poder, el próximo 7 de agosto, Duque afirma su compromiso de ser “implacable para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de estos asesinatos”, en un contexto de violencia en el que 462 líderes sociales han sido asesinados en poco más de tres años, según la Defensoría del Pueblo.
En una extensa entrevista con Efe, el mandatario también asegura que el Gobierno de Nicolás Maduro no solo apoya a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino que además recluta a menores de edad con la anuencia del presidente venezolano y ayuda a las disidencias de las FARC.
Presidente, usted está próximo a cumplir su primer año de Gobierno, ¿cuál considera su mayor logro y su mayor frustración en estos meses?
Yo diría que logros son muchos (…). La economía colombiana en el 2017, antes de nuestra llegada a la Presidencia, creció apenas el 1,4 %, cerramos el año pasado con el 2,8 y este año estamos aspirando a estar por encima del 3,4 ó 3,5, llegando al 3,6. Eso nos pone por encima del crecimiento promedio mundial y del crecimiento promedio regional.
Dos, yo creo que haber parado el crecimiento exponencial que tenían los cultivos ilícitos en el país es un logro muy importante (…), nos falta hacer mucho más desde luego, pero haber parado siete años de crecimiento a mí me parece también un logro importante.
Tres, ver los programas de emprendimiento florecer, ver cómo está creciendo la inversión, ver cómo Colombia tiene el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante, ver cómo están llegando las grandes compañías de tecnología a nuestro país, ver el interés de los grandes fondos de capital por los emprendedores colombianos es otro logro importante en los ecosistemas de emprendimiento que estamos creando.
Y lo logrado en materia de equidad, donde tenemos por ejemplo cerca de 40.000 estudiantes que están yendo gratuitamente, becados, a universidades públicas. Ver que ya tenemos cerca de 50.000 familias que han encontrado el mejoramiento de sus viviendas, que ya tenemos más de 100.000 inscritos en un programa para que las familias se bancaricen, dejen de ser arrendatarios eternos y se conviertan además en propietarios. En fin, yo creo que hay muchos logros, cada uno nos va trayendo alegrías.
Otro muy importante es (…) el salto a las energías renovables no convencionales, de 50 megas que teníamos cuando empezó el Gobierno ya las duplicamos y aseguramos proyectos para llegar a cerca de 1.400 megas. Esas son algunas de las metas que me llenan de felicidad.
Y frustración, pues claro, frustraciones no dejan de aparecer, uno a veces quisiera lograr más cosas, uno a veces quisiera tener más contundencia en algunas políticas, pero cuando uno tiene reveses lo llenan a uno de más fuerza para seguir buscando las mejores soluciones para el país.
Usted no tiene una mayoría en el Congreso y eso le ha dificultado el trámite legislativo de sus proyectos. ¿Puede gobernar los tres años que faltan sin esa mayoría?
Miremos los proyectos: se ha logrado trabajar con el Congreso y han salido leyes importantes. Podemos contar más de 16 leyes que han tenido o iniciativa del Gobierno o el acompañamiento del Gobierno, es un balance importante; la ley de carros eléctricos, la ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley TIC), la ley del veterano, la ley de reactivación económica, el Plan de Desarrollo, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. En fin, hay proyectos que son importantes y de gran impacto que también han salido, y por supuesto, lo que nosotros queremos todos los días es seguir mejorando el entendimiento con el Congreso de la República.
Presidente, usted ha recibido muchas críticas por la implementación del acuerdo de paz y la semana pasada, con ocasión de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, la FARC dijo que su discurso está distanciado de los hechos. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Qué opinión le merece esa afirmación?
A mí me gusta que usted haga referencia a la visita del Consejo de Seguridad porque yo entiendo y respeto las opiniones de los partidos políticos (…). Pero el Consejo de Seguridad que estuvo acá como un órgano independiente pudo darse cuenta cómo vamos avanzando en lo que para mí representa algo muy importante y es acompañar a las personas que están en proceso de reincorporación a ser exitosos, a las personas que genuinamente dejaron la violencia y van hacia la legalidad a que puedan avanzar y a que lleguemos a esas zonas del territorio que han sido expuestas y afectadas severamente por la violencia a lo largo de los años.
Ahí el Consejo de Seguridad se dio cuenta de los proyectos productivos, se dio cuenta de los asentamientos mejorando calidad de vida, se dio cuenta de las obras por impuestos, se dio cuenta de los planes de desarrollo con enfoque territorial y eso muestra que nosotros sí tenemos un compromiso con que esa reincorporación funcione, pero también se pudieron dar cuenta de que seremos y hemos sido implacables con quienes estén en la reincidencia.
En agosto vence el periodo de funcionamiento de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y algunos de ellos van a ser cerrados. ¿Cuál es el plan del Gobierno al respecto?
Hay cerca de 24 y se están haciendo unas transiciones; primero, se han mantenido sobre la base de facilitar una transición hacia asentamientos productivos, algunos seguirán en las zonas donde están, mejorando sus condiciones, y otros harán esa transición y lo estamos haciendo de la mano con Naciones Unidas, de la mano con la Unión Europea, buscando que las personas puedan encontrar una forma sostenible de ganarse la vida a partir de desarrollos productivos y de poder tener compradores de sus productos y por esa vía también generar una transformación en su calidad de vida.
Sobre el asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC, la Fiscalía dice que se ha avanzado en investigaciones y en esclarecimientos, pero ese problema sigue preocupando dentro y fuera de Colombia. ¿Tiene el Gobierno cómo frenar la ola de asesinatos?
Mire, cuando empezó el Gobierno usted recordará que en mi discurso de posesión me referí a esa situación que se había presentado en los últimos meses antes de que yo asumiera, y dije que nosotros teníamos que enfrentar ese fenómeno. Cuando llegué a la Presidencia teníamos más de 200 asesinatos recientes y lanzamos el Plan de Acción Oportuna (PAO) y mejoramos la coordinación. En lo que va corrido de este año tenemos reducciones que pueden superar el 30 %, según informes del Consejero para los Derechos Humanos, amparado en la información de las Naciones Unidas.
¿Que si estoy contento con eso?, no, porque tenemos que seguir avanzando, pero hay una reducción.
Ahora, ¿qué nos toca hacer? Entender dónde se está presentando cada vez más ese fenómeno, que es en un grupo muy reducido de municipios, que han tenido influencia de grupos armados ilegales, que están en la coca o en la minería ilegal y que atentan contra los líderes porque los líderes quieren sacar a la comunidad de las economías ilícitas.
Eso también lo muestran los esclarecimientos de la Fiscalía y, por supuesto, mejorar los programas de atención, prevención y respuesta colectiva porque en Colombia hay más de siete millones de líderes sociales, según las 23 caracterizaciones que utiliza Naciones Unidas.
Solamente en líderes comunitarios, se consideran todos los miembros de las Juntas de Acción Comunal, que son 67.000, es decir, más de cinco millones de miembros, entonces pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada uno de cinco millones es difícil y por eso nos toca, donde tengamos amenazas, actuar rápidamente con esos mecanismos de protección individual, pero también buscar la protección colectiva, involucrando en ese ejercicio a alcaldes y gobernadores en lo local.
Nuestro compromiso es que esos hechos no se sigan presentando y, óiganme muy bien: que seamos implacables para llevar a la justicia a los criminales que han estado detrás de esos asesinatos, como por ejemplo hicimos cuando presentamos el cartel de “se busca” de 34 jefes de organizaciones criminales asesinas de líderes sociales, donde ya hemos tenido cerca de 18 capturas.
Los diálogos con el ELN están suspendidos y hay indicios de que el ELN se está fortaleciendo. ¿Qué informaciones tiene el Gobierno?
El ELN tiene una situación y es que en territorio venezolano Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, los está protegiendo. Les está dando dinero y está patrocinándoles el reclutamiento de niños para ejercer la minería ilegal en lugares del territorio venezolano.
Y fuera de eso, los cabecillas del ELN están en Venezuela protegidos por Maduro. Allá está alias “Pablito”, allá está otro de los jefes que es “Antonio García”, allá tienen adicionalmente grupos de reclutamiento y muchos de los ataques criminales que se están planeando en las zonas de frontera los planean desde Venezuela.
Yo he sido claro con el ELN: el ELN no puede seguir en actividades criminales y pretender que va a hablar de paz con este Gobierno.
Nosotros evaluamos lo que pasó con el Gobierno anterior en 17 meses de conversación y nos encontramos con que en esos 17 meses se cometieron 432 actos terroristas, más de 116 asesinatos y más de 12 secuestros.
Yo les dije, si ustedes quieren hablar de paz liberan a todos los secuestrados y suspenden los actos criminales. ¿Cómo respondieron? Con un acto terrorista hace seis meses que asesinó a 22 cadetes indefensos, desarmados, en una escuela con un carro bomba.
El ELN es un grupo terrorista y por eso está en la lista de la Unión Europea y en la lista de los Estados Unidos, y si ellos quieren realmente avanzar tiene que ser en el marco de la legalidad, entregando los secuestrados y suspendiendo los actos criminales y exponiéndose también a las decisiones de la justicia.
¿Esa situación que usted dice que ocurre con el ELN en Venezuela se presenta también con las disidencias de las FARC?
Desde luego porque todos terminan siendo la misma cosa. Esa dictadura de Venezuela está protegiendo no solamente a los cabecillas del ELN sino también a esos cabecillas disidentes de las FARC.
Para nadie es un secreto que eso está ocurriendo y allá en Venezuela está “Iván Márquez” y allá en Venezuela está “El Paisa” y allá en Venezuela está “Romaña”, y nada raro que allá también esté “Santrich”. Todo indica que está allá protegido por la dictadura de Venezuela.
Eso muestra que lo que ellos quieren patrocinar allá es una especie de unión de clanes criminales para perpetrar actos violentos en Colombia.
Es decir, ¿la solución del problema persistente de conflicto armado de Colombia pasa también por un cambio de Gobierno en Venezuela?
Problema de criminalidad y de terrorismo porque lo que hay ahí son criminales y terroristas.
Pero ¿la solución pasa por un cambio de Gobierno en Venezuela?
Ayuda mucho porque es que la dictadura en Venezuela, primero la ‘dictocracia’ en la época de Hugo Chávez y después la dictadura de Maduro fue patrocinadora de los grupos armados ilegales en su territorio. Ellos albergaron allá a las FARC y también al ELN y los apoyaron en su momento. Hoy lo están haciendo con las disidencias y con el ELN.
Usted destacó al comienzo de esta entrevista que por primera vez en siete años se logró una reducción, aunque pequeña, de los cultivos ilícitos. ¿Está satisfecho con ese resultado?
El tema no es si sea pequeña o grande. El tema es que por primera vez en siete años se paró el crecimiento exponencial y eso tiene un mérito.
Pero por supuesto, queremos reducir mucho más y para eso tenemos que buscar una combinación de herramientas porque esa droga es el combustible de la violencia; esa droga es la que alimenta grupos criminales que atentan contra los líderes sociales; esa droga es la que también termina vertiendo químicos en la selva tropical húmeda de nuestro país o incentivando la deforestación.
Enfrentar los cultivos ilícitos es un deber de Colombia y es un deber para que esos cultivos no sigan siendo el gran combustible de la criminalidad.
Uno de los argumentos de su Gobierno en la lucha antinarcóticos es el uso del glifosato, pero la Corte Constitucional todavía no ha decidido si modifica la sentencia que lo prohíbe.
Nuestro argumento no es la defensa de un herbicida, nuestro argumento es la combinación de todas las herramientas como está en la política para enfrentar el problema de las drogas que se llama Ruta Futuro. Ahí tenemos erradicación, tenemos sustitución, pago por servicios ambientales, formalización para sustituir y por supuesto se debe contemplar también la aspersión segura, la aspersión con todos los mitigantes, tener también esa herramienta sobre todo cuando se trata de llegar a esos lugares donde puede haber una exposición a francotiradores o a campos minados, o sencillamente que están bajo el control territorial de grupos armados ilegales.
¿Cree que la Corte Constitucional dará vía libre a la aspersión aérea nuevamente?
Tengo un gran respeto por la Corte Constitucional, hemos esbozado nuestros argumentos y yo espero que esos argumentos sean escuchados.
El presidente Donald Trump en los últimos meses ha criticado su Gobierno. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos?
Las relaciones de Estado tienen sobre todo que manejarse institucionalmente. Hemos visto como la Casa Blanca ha reconocido el esfuerzo de nuestro Gobierno en la lucha contra las drogas, lo ha expresado el secretario de Estado, Mike Pompeo; lo ha expresado el zar antidrogas (Jim Carroll), recientemente también lo hizo el presidente Trump.
Sencillamente, las relaciones las manejo institucionalmente y creo que lo importante es la evidencia. Colombia es un país que es ejemplar en la lucha contra las drogas. Lo hacemos no para complacer a nadie sino porque es nuestra convicción. Y por cada tonelada que incauta EEUU de droga en su territorio, nosotros estamos incautando 18.
Por eso, esa relación entre EEUU y Colombia es de cooperación, de corresponsabilidad, y Colombia puede representar hoy más del 50 % de las incautaciones de droga que se producen en el hemisferio occidental.
En febrero usted llegó a anunciar que al régimen de Maduro le quedaban pocas horas pero ahí sigue. ¿Qué ha pasado?
El problema, si quiere cóbremelo, muchos de los críticos míos dicen: ‘Ah, es que Duque dijo que eso iba a durar horas y mire todo lo que lleva’. Si quieren cóbremenlo. El problema no es si son horas, minutos, meses. Lo cierto es que hay unos avances importantísimos para que caiga esa dictadura.
Y el mensaje, más que seguir mirando así como espectadores qué ocurre, es que todos, absolutamente todos, en nuestro fuero y responsabilidad, tenemos que unir esfuerzos para que caiga la dictadura, para que Venezuela reconstituya sus instituciones, alcance la libertad sobre tres pilares: la cesación de la usurpación de la dictadura, la conformación de un Gobierno de transición y por supuesto la realización de elecciones libres.
En cuanto a la crisis migratoria venezolana, Colombia dice que la comunidad internacional no ha respondido como debiera en materia de ayuda financiera. Hay en el país más de 1,3 millones de venezolanos y siguen llegando. ¿Cuánto más puede aguantar Colombia?
El punto no es cuánto más, el punto es que lo que necesitamos es que la causa de esa migración masiva que es la dictadura de Venezuela llegue a su final.
Por otro lado sí, hemos tenido ayuda de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de varios países que nos han apoyado, pero tenemos que ser claros: cuando uno mira el tamaño de la crisis, casi un millón y medio de migrantes en menos de tres años, y lo compara con los grandes fenómenos migratorios de los últimos años, uno ve un país como Alemania que recibió una cifra similar en cinco años de refugiados sirios y le trajo un impacto económico y social, y Alemania es un país de un ingreso per cápita de más de 30.000 dólares.
En el caso de Colombia el ingreso per cápita es de menos de 8.000 (dólares) y el reto es enorme y creo que también se requieren más recursos de la comunidad internacional, pero sobre todo el tamaño de la crisis lo que tiene que llevar es a que la comunidad internacional como un todo entienda que el fin de la dictadura es fundamental para parar la peor crisis migratoria que ha tenido América Latina.
En la reciente cumbre de la Alianza del Pacífico usted propuso la creación de una lista negra de empresas que corrompan funcionarios para que no puedan volver a contratar con el Estado…
Debemos tener una lista negra de empresas que han estado inmiscuidas en casos de corrupción para que tengan sanción social, para que no puedan contratar con los Estados.
También dije una cosa que es fundamental: se necesita que empresa que corrompa funcionarios, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores puedan jamás volver a contratar con el Estado porque lo que es muy grave, es que se están presentando casos en que después de corromper la política, corromper la Administración, creen que pagando una multa pueden volver a contratar como si fuera borrón y cuenta nueva y eso no es bueno para nuestros países. Por eso se necesita actuar con contundencia.
¿Su intención es aplicar eso en Colombia o llevarlo a una instancia internacional?
En Colombia de alguna manera ya está, pero tenemos que ser todavía mucho más drásticos en eso e internacionalmente a mí sí me parece bueno que tengamos esa lista negra para que entre los países crucemos información y podamos censurar a esas empresas.
En los últimos meses el Ejército ha tenido muchos problemas como la revelación de The New York Times sobre el fantasma de los “falsos positivos”, después las denuncias de corrupción. ¿Qué está pasando con los militares?
Primero, donde haya corrupción se tiene que sancionar ejemplarmente. Si hay miembros de la fuerza pública que están participando en actos de corrupción se van de la fuerza pública y se someten a las autoridades. Donde haya indicios se tendrán que adelantar las investigaciones y, por otro lado, que tengamos claro que es una política de cero tolerancia.
Frente a los temas que salieron en el artículo de The New York Times yo lo he dicho públicamente: obramos con rapidez, primero para entender cuáles eran los señalamientos y descartar profundamente que en este Gobierno existan prácticas violatorias de los derechos humanos que sean toleradas, de ninguna manera.
Se creó una comisión de alto nivel para hacer esa investigación pero en adición a eso todas las conductas operacionales que se rigen por los mismos parámetros de los últimos años exigen que las operaciones se conduzcan de la mano con la Fiscalía General de la Nación y que tengan además trazabilidad.
Y en lo que tiene que ver con el (comandante del Ejército) general Nicacio Martínez, lo he dicho con mucha claridad. Cuando yo llegué a la Presidencia y evalué las hojas de vida, cuatro meses después, investigué o pregunté si el general tenía investigaciones en la Fiscalía o en la Procuraduría y me dijeron que no.
En los ocho años anteriores a mi llegada a la Presidencia ese general fue comandante de la Cuarta Brigada, de la Quinta División del Ejército, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, director de la Escuela Superior de Guerra e Inspector General del Ejército y antes de que yo llegara a la Presidencia ya había pasado dos veces por un proceso de ascenso en el Congreso de la República. Por eso la responsabilidad de él es siempre contestar con contundencia cualquier señalamiento porque un general de la República tiene ese deber de hablar con transparencia sobre sus actuaciones.
Este año el desempleo en Colombia está por encima de los dos dígitos, ¿qué está haciendo el Gobierno para mejorar esa situación?
R: Esta es una situación que a nosotros nos afecta, claro. A mí me duele, pero sabemos que hay un fenómeno que está impactando y es el flujo de más de un millón de migrantes en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar los sectores más activos en la generación de puestos de trabajo: lo que tiene que ver con obras civiles, con construcción e iniciación de nuevos proyectos, lo que tiene que ver con emprendimiento, comercio, turismo, industrias, agricultura, tratar de que en estos sectores tengamos un monitoreo de cómo está avanzando la generación de puestos de trabajo porque sin duda a mí me preocupa, pero tenemos el compromiso de articularnos dentro del Gobierno para poder enfrentar ese fenómeno.
¿Cómo es su relación con el expresidente Álvaro Uribe?
Buena. Uno en la vida tiene también que ser claro con las personas a las cuales uno les tiene aprecio. Es que somos amigos. He sido su amigo y lo aprecio y uno tiene en la vida también que ser franco en esas relaciones. Yo tengo personas en las que tengo muy buena relación, a las que admiro y con las cuales me gusta conversar.
Tuve el honor de ser senador con él, tuve el honor de ser su asesor en el pasado, tengo una relación buena con él y me alegra tener una relación buena con él.
También tengo una relación amable y buena con el expresidente (Andrés) Pastrana, tengo también buenas relaciones con expresidentes de otros países, con líderes de otros países, con senadores, con periodistas, con empresarios, con ciudadanos del mundo de la cultura, con deportistas.
A mí me gusta tener buenas relaciones con las personas, pero sobre todo saber reconocer el valor de la amistad.
¿Y lo consulta?
Él (Uribe) es senador, es además un líder en la bancada de Gobierno (Centro Democrático). Por supuesto que hablamos de temas de país, por supuesto que su opinión me parece importante, como también me parece importante la opinión de otros líderes de otros partidos, pero en el caso de él claro que me parece importante escuchar su opinión sobre temas, en algunos hay coincidencia y en otros no y esa es la vida política.
