El ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el fallo de la Procuraduría en el que se le inhabilitó para ocupar cargos públicos por un periodo de 18 años. Una sanción disciplinaria interpuesta por el también cuestionado ex procurador, Alejandro Ordoñez, dictada por el vínculo del ex funcionario con el denominado carrusel de la contratación que tuvo una tremenda afectación en los recursos de la capital del país y torpedeó una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años, el corredor vial de la avenida 26.

De acuerdo con el argumento de los abogados defensores de Moreno Rojas, el ministerio público habría dejado vencer los términos para imponer una sanción en contra del personaje y que dicha decisión –insisten- se dio cuando el proceso ya había prescrito.

La demanda va más allá, además, los abogados defensores argumentan que la Procuraduría se equivocó en la valoración de las pruebas del proceso disciplinario, es decir, no existiría un testimonio directo en su contra.

De acuerdo con la Procuraduría, el fallo de primera instancia se tomó tras haber analizado más de 5.000 folios y 40 testimonios. Con estos se probó la intervención del ex mandatario local en dicha cesión, en donde fue determinante la declaración de Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, quien aseguró que los directores de esa entidad no hacían nada sin la previa autorización de Samuel Moreno.

A mediados de 2015 el entonces procurador dijo sobre la sentencia que “este complejo y minucioso proceso de investigación disciplinaria arroja resultado probado que el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se interesó ilegalmente en el acto de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de 218 mil 352 millones de pesos, aproximadamente”.

Esta petición ante el alto tribunal busca la nulidad y el restablecimiento de los derechos políticos del condenado. De acuerdo con el abogado Jairo Bulla “se han violado normas legales y constitucionales para condenarlo (…), la presión mediática ha impedido que exista imparcialidad en los juicios”.

La demanda le correspondió al despacho del magistrado William Hernández Gómez. En ese mismo tribunal está pendiente por resolverse una demanda similar que busca tumbar la primera condena disciplinaria que lo inhabilitó por 12 años.