La Fiscalía General de la Nación descubrió que en Medellín existía una empresa exportadora de oro que simuló operaciones por 1.3 billones de pesos en transacciones comerciales con habitantes de la calle, taxistas, panaderos y hasta muertos.

Según la investigación, adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, Sadín Jesús Jiménez Hernández y su hermana Ileana Jiménez Hernández y su núcleo familiar conformaron la empresa Comercializadora Internacional S & JIL SAS, el 25 de marzo de 2010 en Medellín, para lavar activos.

Luego de tres años de investigación, los peritos descubrieron que los proveedores de la Comercializadora Internacional resultaron ser empresas de papel, quienes reportaron que habían adquirido el oro a personas fallecidas, con cédulas no asignadas, canceladas, inexistentes, habitantes de calle, población vulnerable, obreros de construcción, panaderos, taxistas y agricultores entre otros.

En otros casos, los representantes de los proveedores de la Comercializadora Internacional de Oro, al parecer pagaron o prometieron empleos que nunca cumplieron a personas de escasos recursos para que tramitaran su Registro Único Tributario RUT, para luego simular transacciones comerciales como si ellos fueran proveedores de oro de diferentes minas en el Urabá Antioqueño e inclusive Cartagena (Bolívar) Durante la audiencia de imputación realizada ante un juez de control de garantías la Fiscalía le dio a conocer al operador judicial que “Cabe anotar que el 85% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro mina, incluso muchos de ellos eran habitantes de la calle o población vulnerable, otros se ubicaron en barrios deprimidos de Medellín a quienes les habían pagado ($10.000 a $30.000) para que sacaran el RUT e indicaran que se dedicaban a actividades de minería”.

Una situación particular que se presentó mientras se estaba adelantando las audiencias, fue que precisamente el funcionario de la policía nacional que se encontraba como custodio de la sala de audiencia, era una de las personas que figuraba como otros tantos de las personas que aparecía como quien les había proveído oro a una de las empresa fachada.

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención en centro carcelario por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir en contra de Sadín Jesús Jiménez Hernández, Sebastián Peláez Jiménez, Ileana Jiménez Hernández y León Jaime Vélez Muñoz, al considerar, entre otros aspectos, que obstruirían la labor de la justicia, como quiera que al ordenarse un registro a la casa de una de estas personas por parte del Fiscal del caso, se halló un cuaderno de la investigación, documento reservado y de manejo exclusivo de la Fiscalía Nacional de la Nación.