El presidente anunció que el fallo impuesto por la Corte interamericana de Justicia CIJ, no puede ser aplicado puesto que antes tiene que ser aprobado en el Congreso. Lo puntos del plan que el mandatario pondrá en marcha son: consolidar a través de una zona continua integral al archipielago de San Andrés, la protección integral de la Biosfera Seaflaower y frenar las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

Por medio de alocución presidencial, el jefe de Estado aseguró que el fallo impuesto por la corte de la Haya, en el que Nicaragua obtuvo mares colombianos, no puede ser aplicado sin antes tener un tratado formulado por el Congreso que establezca los límites marítimos que comparten los dos países. De igual manera aseguró que “no tengo la menor duda de que seremos exitosos en este proceso”.

El presidente reveló los cuatros puntos de la estrategia con los cuales el Gobierno defenderá la soberanía sobre el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

1. Para que el fallo pueda ser aplicado primero se necesita un tratado que reforme los límites marítimos aprobados en primera medida por el Congreso.

2. Establecer a las islas y los mares aledaños de San Andres como un archipiélago a través de una zona continua integral.

3. Garantizar la protección integral de la Biuosfera Seaflower.

4. Frenar las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

Asimismo, Santos aseguró que “va proteger hasta las últimas consecuencias” la soberanía del gobierno colombiano sobre la plataforma marítima de San Andres. Igualmente precisó que ya se puso en marcha una inversión en materia de salud educación, vivienda e infraestructura de los sanandresanos, con el objetivo de hacer del archipiélago una región sostenible que brinde oportunidades de desarrollo.

Según medios nacionales, el Gobierno encontró en un antecedente registrado entre Nigeria y Camerún el posible antídoto para no aplicar la decisión de la CIJ. Se trata de un fallo que promulgó la corte Internacional a favor de Nigeria, país que no lo ejecutó hasta que no hubo reconfiguración de la legislación interna.