Después del terremoto político que causó la adjudicación de las FARC-EP del magnicidio a Álvaro Gómez Hurtado, su familia interpuso una tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por negarse a brindarles información que fue suministrada a este tribunal por parte del Secretariado de las FARC.

Los familiares del líder conservador afirman que les fueron violados los derechos fundamentales de acceso a la información y a la verdad. Según cita Blu Radio Joan Moreno -abogado de María Mercedes y Enrique Gómez (hija y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado)- la JEP no ha colaborado a las víctimas sobre información ofrecida acerca del magnicidio.

Lo que los familiares piden son «la carta o la misiva en donde los miembros del Secretariado reconocen la autoría en el magnicidio y las actas de reunión entre los abogados Camilo Fagua, Diego Alejandro Martínez, entre otros y los magistrados de la Sala de Verdad».

La tutela habría sido presentada el pasado 21 de octubre y también habrían tutelado a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

Desde la adjudicación de las FARC por el magnicidio, los familiares de Álvaro Gómez Hurtado han sido reacios a que la información sobre el magnicidio esté en manos de la JEP y no en conocimiento de la justicia ordinaria.

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