En un comunicado emitido desde La Habana, la guerrilla de las Farc propone, por primera vez, trnsitar de la generación de cultivos ilícitos hacia “producciones alternativas o de sustitución”. También hablan de legalizar estos cultivos para “fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”.

La discusión sobre la política agraria en Colombia, enmarcada en los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, sigue avanzando. El grupo insurgente ya ha señalado sus propuestas frente a una eventual reforma agraria y a la posibilidad de refrendar los acuerdos logrados en la negociación a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

La nueva iniciativa de la insurgencia tiene que ver con los cultivos ilícitos. En un comunicado emitido este martes desde La Isla, los plenipotenciarios del grupo ilegal propusieron contemplar “acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”.

Es la primera vez que la guerrilla se refiere a los cultivos ilícitos, porque si bien tiene que ver con una discusión sobre la tierra, hay un temario específico dentro de la negociación con el gobierno que se refiere al la solución al problema de las drogas ilícitas.

Este punto tiene como temas de discusión los Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.

También habla de Programas de prevención del consumo y salud pública y de la solución de fenómenos de producción del consumo y la salud pública.

Además, el grupo guerrillero sigue proponiendo elementos del uso y el acceso a la tierra por parte de los sectores populares. Las Farc exigen “límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles”.

La guerrilla también propone la creación “de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”.

En la discusión sobre el tema agrario debe entenderse, según la guerrilla, que “el acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos”.

Frente a la política de restitución de tierras, que implementa el gobierno desde hace algo más de un año cuando fue sancionada la Ley de Víctimas, las Farc señalan que “ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie”.

Vea el comunicado completo:

COMUNICADO

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en ejercicio de su soberanía política y en desarrollo de su interlocución permanente con el constituyente primario que es el pueblo, ponen en conocimiento los puntos cuatro y cinco de la iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA PAZ DE COLOMBIA, la cual se compone de Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral:

CUARTA PROPUESTA: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales.

QUINTA PROPUESTA: Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO.