Sin duda alguna, la niñez es la principal población afectada por el conflicto armado, que ha marcado a Colombia por más de 50 años. Ya sea por grupos guerrilleros o grupos posdesmovilizados, los menores de 18 años son el blanco de la violencia, a quienes a la luz de las cifras de entidades estatales, se les continúa vulnerando sus derechos; aún estando las Farc y el gobierno en un proceso de negociación, los datos no muestran una reducción en el tema de reclutamiento forzado.

Un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), señala que “el conflicto y la violencia armada continúa teniendo un impacto desproporcionado” sobre los menores y, aunque hace la salvedad en decir que no cuenta con información oficial sobre los niños, niñas y adolecentes que están involucrados con grupos al margen de la ley, si sugiere que entre el 2013 y 2014 aproximadamente 570 infantes han sido vinculados a programas especiales del Instituto de Bienestar Familiar, queriendo decir que al mes, por lo menos 26 menores se desvincularon de grupos armados ilegales.

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Este 12 de febrero se cumplieron 14 años de la entrada en vigencia del Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, no en vano las Farc lanzaron un anuncio, que quizá terminaría en gran parte con el reclutamiento forzado de menores en el país. El grupo insurgente decidió “no incorporar menores de 17 años” a sus filas guerrilleras y así ir en el camino del “desescalamiento del conflicto”, pero también reiterando que no han reclutado de manera forzosa a menores de edad.

Contrario a dicha afirmación, el estudio de IECAH dice que a pesar que existe un sub-registro, la ONU en el 2013 pudo verificar que —81 casos de reclutamiento y uso de menores por grupos insurgentes se dieron en 25 de los 32 departamentos—, en el que las Farc son el actor armado que más realiza esta práctica con el 71 por ciento de los casos y el 21 por ciento del ELN.

Sin embargo, el grupo insurgente dice que “bajo ninguna circunstancia hemos procedido a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente”, que por el contrario, se han visto en la necesidad de llevar con ellos “familias, viudas o a huérfanos sobrevivientes, cuyos padres habían sido asesinados por grupos paramilitares o directamente por fuerzas estatales que atacaron sus comunidades”, y que en esos casos siempre han actuado “cumpliendo con la función de protección” a personas víctimas del conflicto, lo cual incluye menores de edad.

Asimismo critica al Estado, que según las Farc, “mantiene una estrategia de reclutamiento forzoso que convierte a los más pobres en la carne de cañón de una guerra que solo beneficia al establecimiento”, argumentando que “entre enero de 2008 y diciembre de 2012 fueron incorporados de manera forzosa al servicio militar 466.377 jóvenes, de los cuales, entre los bachilleres, casi el 90% provenían de estratos 0,1,2 y 3, mientras que solo el 0.7 correspondía al estrato 4; el 0.04% al 5 y el 0.02% al 6”.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que durante los últimos dos años, los grupos posdesmovilizados son los principales responsables del reclutamiento ilícito de menores, en 130 municipios de 26 departamentos. Mientras que las guerrilas (Farc y ELN) figuran como responsables en regiones como Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca.

Al enunciado de las Farc, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dice que si bien es cierto, es un paso en la dirección correcta a juicio del gobierno, es todavía insuficiente. «Seguiremos insistiendo en la necesidad de aplicar los criterios y normas internacionales hoy vigentes de manera casi universal que fijan en 18 años la edad, repito 18 años, la edad para la mayoría», señaló De la Calle.