Desde La Habana, lugar en el que se llevan a cabo los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), emitieron un comunicado en donde se respalda el paro agrario, critican el TLC y piden la liquidación del Fondo Nacional de Cafeteros

En 7 puntos, el grupo guerrillero pide que «no se criminalice el derecho a la protesta social». Así mismo, aseguran que «los negociadores colombianos» no han tenido en cuenta aspectos como que «el libre comercio implica cero aranceles, cero subsidios, cero barreras no arancelarias, libre flujo de bienes y servicios; todo ello dentro de unmarco competitivo».

Igualmente, hacen un » saludo de patria» a los estudiantes, a los educadores, a los trabajadores de la salud, y a los sectores encargados de la producción alimentaria.

Estos son los puntos del comunicado:

1. Que no se criminalice el derecho a la protesta social. Esperamos que la manida costumbre del gobierno de identificar toda manifestación de inconformidad social y popular con el supuesto coco de las FARC, no de motivo para tratamientos violentos por parte de las fuerzas del Estado contra quienes aspiran con la protesta obtener soluciones prontas y
eficaces a sus represados problemas.

2. Tampoco debe el gobierno fabricar y señalar responsables de manera acomodaticia, mencionando nombres o inculpando a organizaciones y personas que surgen de su imaginación, como agentes provocadores del desorden. Esto es pretexto cobarde dirigido a soslayar su incapacidad como gestor público.

3. Sea esta la ocasión para llamar la atención del gobierno nacional para que inicie la revisión de los Tratados de Libre Comercio, TLC, que suscribió sin consideración de la realidad económica nacional y desconociendo la situación precaria de nuestros sectores productivos.

4. Proponemos, en momentos de crisis cafetera, la liquidación de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación ha llevado a Colombia a competir en materia de café, no con Brasil sino con Honduras y El Salvador. El 70% del café que se consume en Colombia es importado. Se mezcla café nacional con café importado y se exporta como propio. Producir una carga de café (10 arrobas), le vale al productor nacional entre $650.000 y $700.000, mientras que su precio de compra es de aproximadamente $472.000. El subsidio solo llega a $165.000. Ni siquiera compensa la diferencia.

5. Colombia logró sobrepasar la extracción del millón de barriles diarios de petróleo. Sin embargo el combustible para el parque automotor en todas sus formas hace inalcanzable sus precios. Según un sencillo pero elocuente estudio del periodista Juan Gossaín, publicado en el diario El Tiempo, “Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina”. Compara los precios de venta del galón de gasolina de algunos países con los precios de venta al consumidor final en nuestro país, encontrándose que en dónde es más caro el galón, el ingreso per cápita del lugar correspondiente supera con creces el ingreso per cápita nacional (Colombia 5.000 dólares, frente a Holanda, 52.000 dólares por habitante y 45.000 dólares en Noruega).

6. ¿Para qué destruir la maquinaria de aquellos mineros que no hansido objeto de reconocimiento por parte del Estado? En un país donde los títulos mineros se acumulan en cabeza de una sola persona para ser vendidos como ganado en feria a quien pueda hacer los estudios que ameriten la final comercialización del producto extraído -generalmente una multinacional ajena a las realidades locales y nacionales-, pequeños mineros son perseguidos y puestos por fuera del comercio. Un Estado que en sus páginas de historia económica registra la “ventanilla siniestra” para beneficiar mafiosos, y amnistías tributarias para favorecer el blanqueo de dineros, ¿cómo no puede estudiar una amnistía minera que permita vincular al pequeño y mediano trabajador de mina a las ventajas de la economía formal?

7. Por último, nos preguntamos ¿Cuál es la razón para no entregar títulos de propiedad a campesinos que durante años han habitado y trabajado sus tierras en el Catatumbo y otras regiones? ¿Por qué el temor de reconocer las zonas de reserva campesinas si existe le ley que las garantiza? Solicitamos que se haga justicia.