Las dos guerrillas colombianas activas volvieron a rechazar el Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso para sentar las bases legales de una eventual desmovilización, y calificaron esta iniciativa como un «adefesio».

En un comunicado conjunto, las Farc y el ELN cuestionaron este marco legal a diez días del inicio de un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la primera de estas guerrillas, al que el ELN ha mostrado su voluntad de sumarse.

Según las guerrillas, «no es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto (…). Mucho menos dando ultimátum a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen (…) ante ese adefesio llamado Marco Jurídico para la Paz».

Las Farc y el ELN expresaron así su disconformidad con que mientras se negocia la paz y se aplica un marco legal impuesto por el Congreso del país, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos esté dispuesto a seguir con la ofensiva militar.

El escrito está fechado en las «montañas de Colombia» y firmado por el Comando Central del ELN y el Secretariado del Estado Mayor de las Farc, máximas jerarquías de los dos grupos armados que al parecer se han reunido en los últimos días.

Ambos aseguran en el comunicado conjunto que la situación actual está enmarcada en «la más profunda crisis del sistema capitalista mundial» y critican algunos programas gubernamentales, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero pasado y a la que tildan de «nueva etapa de despojo».

Esta ley fue promulgada por el presidente Santos con el ánimo de devolver la tierra despojada por grupos ilegales a los campesinos durante el largo conflicto armado colombiano, que se extiende desde hace casi 50 años.

El ELN, que ha mostrado su disposición a sumarse al diálogo de paz que iniciará el Gobierno con las Farc el próximo 8 de octubre en Oslo, emitió esta semana otro comunicado en el que calificaba al Marco Jurídico para la Paz de «contradictorio».

A juicio de este grupo guerrillero, el segundo colombiano en importancia por detrás de las FARC, dicha base legal sólo daría paso a la impunidad y no exigiría responsabilidades por sus crímenes a los agentes del Estado.