La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusó hoy a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales de la «violación de derechos fundamentales» de «más de 500» personas, que culminaron en la muerte de un manifestante opositor a manos de la Guardia Nacional venezolana. En una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía, Ortega confirmó que la muerte del joven Juan Pernalete se debió al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado directo a su pecho, durante una manifestación opositora el pasado 26 de abril.

El resultado de la investigación desvelado por la titular del Ministerio Público es contrario a la versión del Gobierno venezolano que el pasado lunes aseguró que la víctima murió por el impacto de «un arma no convencional» y responsabilizó a los propios opositores de la muerte del estudiante. Muy nerviosa, Ortega sujetó una bomba como la que provocó la muerte de Pernalete, y leyó una frase inscrita en su carcasa: «Es ilegal disparar este proyectil directamente a una persona». La fiscal señaló que estaban tratando de identificar al responsable del disparo para llevarlo ante la Justicia.

A continuación, anunció que el Ministerio Público tiene pruebas de cientos de saqueos perpetrados por agentes de la Policía y la Guardia Nacional, así como de ataques a ciudadanos indefensos por parte de bandas armadas que responden al Gobierno. «Tenemos denuncias de personas que han sido amenazadas por enfrentarse a estos grupos», dijo.

La fiscal general también mostró su preocupación por las personas que han sido detenidas y procesadas bajo la Justicia militar en el país durante las protestas que se registran desde hace más de mes y medio, y anunció que presentaría un amparo para lograr la liberación de los detenidos.

«Estamos preocupados por la situación en que puedan estar estos cuantos detenidos ahí en la Justicia Militar», dijo, tras señalar que solicitó a la Fiscalía General Militar el «número de procesos y detenidos», al tiempo que subrayó la importancia de que los procesos sean abiertos en jurisdicciones naturales a los detenidos. «Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas», agregó.

Entre los aplausos de los trabajadores de su departamento, la fiscal reclamó a los actores políticos «parar el odio y el desconocimiento del otro» porque, de lo contrario, «el país entrará en una espiral de violencia» acrecentada por la «grave crisis económica que sufre el país». «Es fundamental salir de la espiral de violencia», porque, si no, Venezuela se convertirá en «una sociedad enferma que no podrá evolucionar».

Ortega fue nombrada fiscal general en 2007 por el Gobierno de Hugo Chávez, aunque en las últimas semanas se ha distanciado de las acciones tomadas por el actual presidente, Nicolás Maduro, y ha llegado a rechazar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que solo aumentará la tensión política y social.