Ante denuncias de gremios sobre demoras en las devoluciones de saldos a favor del IVA, la directora de Gestión de Ingresos de la Dian, Cecilia Rico, respondió que la entidad no se está haciendo la de los oídos sordos.

Dos son los frentes en los que se está trabajando para darle solución al problema. El primero es sacar adelante un sistema informático electrónico de devoluciones, con el cual se pretende que los contribuyentes hagan el procedimiento vía electrónica. El segundo es una petición a los gremios: colaborar con el perfilamiento del riesgo, con la entrega de listas de los afiliados.

Gremios como Fenavi han denunciado que las devoluciones pueden tardar hasta 10 meses, cuando la Dian tiene que entregarlas, por ley, en 50 días. El presidente de Fenavi, Andrés Moncada, afirmó que la capacidad operativa de la Dian es muy limitada. Según el dirigente, se disminuyeron de 17 a 6 el número de funcionarios.

“La situación de Santander es crítica. Tenemos más de $20.000 millones represados en solicitudes que están parqueadas”. A esto, Rico responde que la Dian ha puesto una mayor lupa a los procesos de devolución. Haciendo una revisión del pasado, se observa que los mayores fraudes se han hecho en este campo.

Hace ya más de un año, el Gobierno denunció un fraude de $1 billón, robos gestionados con exportaciones ficticias y facturas falsas, que dan cuenta de operaciones inexistentes. El número de solicitudes de devoluciones aumentó con los años. Estas se incrementaron un 38% en 15 meses: pasaron de tramitarse 47.617 en 2007, por un monto de $4,7 billones, a 65.758 en 2010, por un valor de $7,3 billones. Con los años, la Dian observó que muchas de éstas eran improcedentes. Además, se encontró que este crecimiento se daba particularmente en actividades de exportación de desperdicio de metales, de textiles, de cuero, entre otras.

Muchas empresas de papel solicitaban la devolución; ésta se supone que se hace cuando hay un valor agregado en lo que se exporta y según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, no es el caso de la chatarra. Esto obligó a la administración a reformular el mapa de riesgos. La Ley 1430 de 2010 le dio más “dientes” a la Dian a la hora del control, lo que se evidenció en una reducción en las solicitudes del 21% en 2011 (51.716) frente a 2010 y una caída de 9,8% en el valor ($6,6 billones).

De las 60.000 solicitudes que se reciben en promedio por año, 38,2% corresponden a las actividades de productores de bienes exentos, es decir, que están gravados con una tarifa del 0% y pueden solicitar como descuento el IVA pagado en la compra de insumos. Gran parte de los contribuyentes hace solicitudes de las devoluciones de manera bimestral, lo que genera los cuellos de botellas en las seccionales.

Actualmente, hay 15.000 citas represadas. Los mayores problemas están concentrados en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Cali. Para resolverlos se ha solicitado a los productores que en vez de hacer seis solicitudes, las acumulen y presenten solo una. Otra de las propuestas que han hecho a los gremios es que entreguen una lista de sus afiliados, para agilizar la revisión y fiscalización.

Rico explicó que muchas veces los auditores tienen que hacer visitas de campo para verificar que estén las gallinas o los galpones. Al otro día, cuando vuelven, no encuentran ni lo uno ni lo otro.

Actualmente se encuentra en Presidencia un proyecto de modificación del Decreto 1000 de 1997 que busca que el proceso sea vía electrónica para todos los impuestos. Ya hay para la devolución de renta y en 2011 se tramitaron 5.000 solicitudes. La otra solución de largo plazo es la facturación electrónica.

Se necesita de una reforma tributaria para cambio

Según expertos para evitar el fraude es necesaria la reforma tributaria. Con la mal llamada mini-reforma tributaria (1430 de 2010) se hicieron cambios en la devolución del IVA. Luego la Dian trabajó en la sistematización de los procesos a través del Muisca, pero solo para el impuesto de renta.

En mayo pasado, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, dijo que en la tributaria se buscaría reducir el IVA a los productos agropecuarios que tienen ese impuesto, lo cual ayudaría al problema de las devoluciones.