La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advirtió hoy a Colombia de que su reforma del fuero militar, que otorga a tribunales castrenses la potestad de juzgar algunos delitos de tipo humanitario cometidos por uniformados, podría llevar al país a la Corte Penal Internacional (CPI).

La organización subrayó en un comunicado que el proyecto aprobado por el Senado colombiano el martes podría interpretarse como una «ausencia de voluntad» del Gobierno de juzgar y sancionar a los más altos responsables militares de crímenes de civiles, propiciando una investigación por parte del Tribunal de la Haya, «en virtud del principio de complementariedad».

La CPI tiene sometida a Colombia a un examen preliminar desde 2006 por denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil, y ese principio, según dijeron a Efe fuentes de la FIDH, constituye la segunda etapa de ese examen y entraría en marcha en caso de que el país demuestre «falta de voluntad» para investigar ciertos crímenes cometidos por militares.

Para la FIDH, la reforma del fuero militar colombiano abre la vía a la «consagración de la impunidad» al priorizar abiertamente la seguridad jurídica de los uniformados que podrían ser responsables de graves crímenes sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La nueva justicia castrense, según el proyecto, se hará cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque algunos delitos de lesa humanidad quedarán en manos de la justicia ordinaria.

La entidad de derechos humanos critica precisamente que el nuevo fuero traslada a la justicia castrense infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por militares.

A su juicio, ese aspecto es «sumamente grave» porque la Federación considera que la Justicia militar debe ser «excepcional» y limitarse a investigar y juzgar los casos que sean exclusivamente de índole castrense.

Para la FIDH, resulta «particularmente alarmante» también el plazo dado de un año para que la fiscalía el ministerio de Defensa determinen qué investigaciones contra militares acusados de crímenes de civiles conocidos como «falsos positivos» pasan a la Justicia ordinaria o a la castrense.

A su juicio, en ese tiempo la Fiscalía colombiana podría recibir presiones para hacer pasar los casos a los tribunales militares.

Critica, además, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, que ejercerá como juez de control en las etapas procesales contra militares, por considerar que, al estar formado por oficiales retirados, «carece de autonomía y de imparcialidad».

Con esta denuncia, la FIDH se suma a otras organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que han criticado duramente esta reforma, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Gobierno colombiano informó el miércoles de que no se trata de otorgar «privilegios» a los uniformados, sino de darles «beneficios que les permitan estar claros a la hora del empleo de la fuerza legítima» en el marco de confrontaciones armadas y a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra.

Según el texto aprobado, cuyo siguiente paso es ser conciliado por las dos Cámaras del Congreso, los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento quedarán en manos de la justicia ordinaria.