Como se había previsto este sábado el El Consejo de Ministros de España le propuso al Senado finalizar todas las funciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el del vicepresidente, Oriol Junqueras, y el de todos los consejeros del Govern.

Permitiendo que Mariano Rajoy asuma de manera directa la competencia de decretar la disolución anticipada del Parlament de Cataluña. Para así convocar a elecciones autonómicas, en un plazo que no exceda los seis meses.

Para que ello pueda producirse, deben darse antes las condiciones de vuelta a la legalidad y de normalización de la convivencia adecuadas. Mientras esto se da la Administración de la Generalitat continuará funcionando bajo las normas de las autoridades que cree el Gobierno de la Nación.

El Ejecutivo central reforzará el control en puntos principales como: el área de Seguridad, Hacienda y telecomunicaciones. Donde se establecerán «medidas singulares» ya que estas son fundamentales para la aplicación completa del Artículo 155.

Además, el Gobierno dictará instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos d`Esquadra y acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. En el caso de incumplimiento se exigirá responsabilidad administrativa o reclamar responsabilidades patrimoniales, contables o penales.

En cuanto a la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria, el Gobierno garantizará que la totalidad de los fondos sean dirigidos a los entes y entidades vinculadas o dependientes al sector público empresarial para evitar que se destinen a actividades secesionistas.

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