Víctimas de entidades de captación ilegal de dineros como DMG o DRFE, entre otras perdieron demanda al estado donde alegaban que el gobierno fue negligente ante el accionar de estas pirámides.

73.611 personas, fueron el total de las personas que responsabilizaron a la nación por dineros que éstos perdieron con captadoras ilegales de dinero.

Cuando el escándalo de las pirámides estalló entre 2008 y 2009, las víctimas que perdieron sus ahorros, se comenzaron a efectuar una serie de demandas y buscaban su respectiva reparación que sumaban un total de $20 billones.

“La decisión niega las pretensiones de los demandantes y encuentra que la Nación no tiene responsabilidad alguna porque existe el principio de libertad económica y las personas tienen responsabilidad sobre el uso de sus propios recursos”, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado.

Adicionalmente, la Superintendencia Financiera mostro que se han efectuado 564 demandas de las que 220 fallaron en primera instancia a favor del Estado y otras 50 en segunda instancia.