Este lunes la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, Camilo Gómez, le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades inhabilitar por 20 años para contratar con el Estado a las empresas que conforman el grupo Odebrecht.

La petición del alto Gobierno se basa en los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial brasileño.

«La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública», señaló la Vicepresidente Marta LUCÍA Ramírez.

Asimismo, en un comunicado la Vicepresidencia señaló que, Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual junto a la ANDJE solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht.

«Permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga«, señaló Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la rueda de prensa ofrecida por la Vicepresidencia y la ANDJE, aclararon que la sanción no cobijaría a Corficolombiana y a las demás empresas del Grupo Aval, ya que están no hacen parte de las sociedades de Odebrecht, sino que conformaron consorcios con la multinacional brasileña.