La Contraloría Distrital decidió embargar las cuentas de ahorros del recién restituido alcalde mayor de Bogotá; Gustavo Petro por cuenta de un presunto detrimento patrimonial por cuenta del subsidio a los pasajes de Transmilenio. La medida también cobija a otros tres funcionarios de la administración distrital.

Una de las medidas más populares de la administración Petro tiene que ver con el subsidio de los pasajes del sistema masivo de transporte Transmilenio. Este subsidio rebaja en trescientos pesos el pasaje en horas valle.

Una reducción que se convierte en significativa para varios miles de bogotanos que utilizan el sistema. Además, compite directamente con el precio de los pasajes de los buses tradicionales que son más baratos que los de los buses articulados, una de las principales razones para que los primeros sigan teniendo demanda.

Esa medida fue asumida no sin cierta polémica por parte de la bancada opositora de la administración Petro en el Concejo. El Concejal Migue Uribe Turbay, en diciembre de 2013, criticó la medida al decir que ““es irresponsable seguir aprobándole recursos a esta Administración para financiar subsidios generales sin focalizarlos en la población que realmente los necesita (tercera edad, discapacitados y estudiantes de escasos recursos)”.

Por su parte la Contraloría Distrital, en cabeza de Diego Ardila, anunció que desde mediados de 2012 inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial que habría sido causado por el subsidio en mención. Ello responde a que el subsidio sería cubierto con recursos aportados por el Distrito a un fondo de estabilización creado para tal fin. La Contraloría alega que existe el detrimento ya que no es rentable mantener un subsidio general. Es así como decidió hacer un embargo preventivo de las cuentas de ahorro del alcalde Petro, del secretario de hacienda Ricardo Bonilla, de la exsecretaria de movilidad Ana Luisa Flechas y de Yanod Márquez subgerente financiero de Transmilenio.

Ardila, quien fuera elegido contralor distrital en el Concejo de Bogotá en medio de una fuerte polémica por cuenta del apoyo de varios concejales incursos en la llamado Carrusel de la Contratación, ha señalado que la decisión es algo normal dentro del proceso que se adelanta. Sin embargo, en el aire queda la sensación de que es una talanquera puesta a Petro tan pronto regresó a su cargo.

Fuentes cercanas a Confidencial Colombia ha señalado que la decisión de Ardila podría obedecer a su cercanía con el partido Cambio Radical, uno de los más acérrimos opositores de la gestión de Petro, toda vez que fue nominado para el cargo por el exconcejal Fernando López de ese partido. Además, señala la fuente, que desde la defensa del alcalde Petro estaría pidiendo traslado de ese y otros tantos casos a la Comtraloría General de la Nación, en busca de neutralidad e imparcialidad.

Con esa decisión de la Contraloría se abre un debate fundamental para el Estado colombiano y es el de la rentabilidad del mismo. Si se miden la políticas públicas por su rentabilidad financiera, cientos de programas asistenciales y de seguridad social deberían ser sancionados así como a quienes los adelantan. También estaría señalando que todo tipo de subsidio en Colombia es improcedente y por ende se debería proceder al embargo de las cuentas de varios exmandatarios de las esferas nacional, regional y local.