La ONU urgió hoy al Gobierno y al Parlamento de Colombia a reconsiderar su apoyo a una reforma constitucional que se teme permita la impunidad de miembros de las fuerzas armadas y policiales involucrados con violaciones de los derechos humanos.

El proyecto de ley propone «que la investigación preliminar se efectúe en una instancia de la Justicia militar o policial en detrimento de una evaluación independiente por parte de las autoridades judiciales», explicó en Ginebra Cécile Puoilly, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«De acuerdo con la reforma, la determinación del crimen reposará en un cuerpo militar, con el riesgo consecuente de impunidad», agregó.

Por ello, la portavoz señaló que la alta comisionada, Navi Pillay, urge a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Colombia a repensar su posición de respaldo al proyecto de ley, que modifica de manera importante el alcance del sistema de justicia militar.

Si la norma es adoptada -comentó Puoilly- «afectaría seriamente a esfuerzos previos del Gobierno colombiano para garantizar que las violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas y policiales son debidamente investigadas y que los responsables son sancionados».

Aunque la propuesta legal excluye de la jurisdicción militar los crímenes contra la humanidad y la mayoría de los tipos más graves de abusos de los derechos humanos, sí incluye figuras como el crimen de guerra o las detenciones arbitrarias cometidas por militares o policías, explicó la portavoz a los periodistas.