La Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado de prensa, confirmó la citación a audiencia de formulación de cargos a la contralora Sandra Morelli Rico, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La actual decisión fue tomada por la entidad con base en la denuncia presentada por el presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la Contraloría General de la República, el señor Carlos Abel Saavedra Zafra, “quien informó de la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad (Edificio Gran Estación II).

Tras la indagación penal correspondiente, la Fiscalía determinó que no hubo principio de planeación para establecer la urgencia de traslado de los funcionarios a otra sede por fallas estructurales.

“No se adelantaron estudios técnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de la ciudad presentaban fallas estructurales que impidieran el cabal desarrollo de las labores constitucionalmente encomendadas a la Contraloría General de la República.”

El ente acusador señaló que “el principio de transparencia también pudo ser desconocido en el trámite contractual aludido” debido a que “los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural respecto de tales edificaciones”. En los documentos no fue sugerido el cambio de sede de la citada entidad.

Asimismo la Fiscalía afirmó la existencia de “graves irregularidades en los estudios de mercado (…) ” e indicó que “se desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismo la adquisición de: ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o, en todo caso, al momento de darse por terminado el contrato.

Y finalmente apuntó que “pudo haberse violado también el principio de economía, porque aun cuando existían ofertas más favorables del mismo contratista (…) , el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10% respecto de la oferta inicial recibida por la Contraloría».

Como garante, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá, que imponga una medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Morelli. Sin embargo, prohíbe su salida del país.